El 'tiempo nuevo' de Susana Díaz

La quinta presidenta de la Junta de Andalucía, la primera mujer en acceder al cargo, tiene ante sí el complicado reto de hacer realidad la expectativa de cambio que su llegada ha creado y que ella misma promete. Susana Díaz afronta esta semana el debate de investidura, el tercero que celebra el Parlamento andaluz en cuatro años, el segundo en año y medio y el sábado asumirá el cargo. Además en estos días ha de cuadrar el puzzle de decisiones y nombramientos para llegar al lunes 9 con el Gobierno formado y la cadena de relevos prevista.

Su primera intervención como candidata, ante el comité director de su partido, comenzó con un sentimiento de urgencia por salir a la calle a luchar contra el paro y la crisis, «sin perder un minuto más, no hay tiempo para hacer un discurso hermoso», llegó a decir. Es lo evidente en una comunidad que sufre en especial el crack económico y que ella recoge con una tasa de paro EPA del 35,79% y más indicadores terribles: caída del PIB interanual del 2,6%, seis décimas peor que el nacional; un descenso de la producción industrial del 6,8%, frente al 4,6% del total del país y otras cifras alarmantes, como la caída de la inversión extranjera, que es del 65,1% frente el 15,9% registrado en el conjunto de España o un retroceso del gasto de los hogares del 4,4%, cuando la media nacional es del 3,9%, según los últimos datos del Instituto de Estadística de Andalucía.

Pese al buen comportamiento del turismo y las exportaciones, aunque remonta la venta de coches, que es un indicador muy significativo, por encima de la media nacional, la depresión de la economía andaluza hace presagiar un nuevo año complicado a nivel presupuestario. La caída de los ingresos de la Hacienda Pública y el leonino objetivo de déficit impuesto por el Gobierno central, a instancias de Bruselas, sitúa como la madre de todas las batallas el próximo Presupuesto.

Aunque el equipo de Carmen Martínez Aguayo, la actual consejera de Hacienda, dejará a su sucesor el trabajo avanzado, habrá que dar una nueva vuelta de tuerca al gasto público. El problema no es tanto de negociación entre PSOE e IU, sino de recursos. No hay fondos suficientes. El Gobierno andaluz ha intentado una maniobra a la desesperada para obtener un poco de holgura con el déficit y ha recusado la senda fijada, que no sólo obliga a un 1,58% en 2014, sino que establece el 0,5% en 2015 y el 0,2% en 2016.

Pero esta apelación a la vía contencioso-administrativa no obstará para que la escasez de recursos dificulte alcanzar un objetivo considerado básico: preservar los servicios públicos esenciales en la comunidad más extensa y poblada de España que dedica el 85% de su gasto a Sanidad y Educación.

La lucha por la mejora de la financiación autonómica estará sin duda presente en este escenario, donde Andalucía se juega mucho en los próximos meses.

La economía, pues, será la clave de la gestión de la nueva presidenta, que habla de implantar «un nuevo modelo». La aspiración resulta un poco utópica, en un mundo globalizado donde ni siquiera las naciones tienen libertad de actuación, pero los miembros del Gobierno andaluz creen que hay margen de maniobra para constituir «una alternativa» frente al dominio de «los mercados».

La idea general es convertir el presupuesto en una punta de lanza de lucha contra el paro, de modo que todo el dinero público que se gaste se dirija a crear empleo. Hasta ahora las diversas iniciativas, planes sucesivos e incentivos, han tenido escaso éxito.

Las medidas más arriesgadas en este sentido caen casi todas del lado del socio de Izquierda Unida, que ha planteado además de otra política fiscal, nuevos impuestos, soberanía de las haciendas públicas, el llamado «banco de tierras» o una ley de defensa de los consumidores ante los productos hipotecarios que quedó a la espera de ser aprobada cuando Griñán sorprendió con su decisión de dimitir. Aunque formalmente no se espera que haya nuevos ajustes en empleo público, sí se realizará una nueva evaluación en materia de empresas públicas que, aunque se quiera no traumática, difícilmente no supondrá un recorte.

ERE que ERE

Sin duda, tras el objetivo económico, la nueva presidenta tiene como reto acabar con la corrupción. El gesto de Griñán, al querer arrastrar con él la lacra de los ERE en su dimisión, así como la ausencia en la mesa del Consejo de Gobierno de consejeros «vulnerables» debería liberar a la acción del Ejecutivo de la presión de la instrucción de la jueza Alaya, que en algunos momentos ha «noqueado» a San Telmo, y permitirle gobernar con más serenidad.

En cualquier caso, el asunto de los ERE seguirá campando por sus respetos por el panorama político andaluz. El trolley de Alaya mantendrá su morbo y nos quedan aún muchos momentos procesales intensos, en las diferentes líneas de investigación abiertas. La gran incógnita es ya cuándo elevará al Supremo el caso de algún aforado.

El 'antídoto' complementario que Susana Díaz planea es la Ley de Transparencia, que quiere convertir en la estrella de la legislatura y en cuya gestación se ha implicado a fondo. A ella se unirá la Ley de Participación que apadrina IU.

La aún consejera, además de anunciar que será «implacable», hizo incluso una advertencia a los cargos políticos y administrativos en el sentido de que no tolerará casos de corrupción y exigirá honestidad. Devolver credibilidad a la gestión pública es crucial para recuperar la confianza en la política, una de las grandes líneas que recoge Díaz del legado teórico de Griñán.

También pasa por mejorar el entendimiento con el Gobierno central. A pesar de los 22 frentes abiertos, en uno y otro sentido, a los que se suma ahora el recurso contra la senda de déficit, la futura presidenta tiene un buen nivel de entendimiento con la mujer fuerte de La Moncloa, Soraya Sáenz de Santamaría. En él se basan quienes esperan que la relación entre Andalucía y Madrid mejore.