Las acusaciones pedirán imputar a quien borró los ordenadores del PP

Avalancha de críticas, acusaciones de manipulación y peticiones de investigación e imputación. Un día después de conocerse que el PP destruyó en abril pasado los discos duros de los ordenadores que usó el extesorero Luis Bárcenas en la sede de la calle Génova 13 se sucedieron las demandas de actuaciones judiciales contra el autor o autores del borrado y contra quienes ordenaron hacerlo.

Los argumentos utilizados por la defensa del PP para explicar su actuación ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, «los equipos se destruyeron tras conocerse el archivo de la denuncia por robo formulada por Bárcenas y en cumplimiento de un protocolo interno regulado por la Ley de Protección de Datos», fueron insuficientes para todos menos para los populares.

En el ámbito judicial, las acusaciones populares del 'caso Bárcenas', que investiga la supuesta financiación irregular del PP, anunciaron la presentación de una batería de diligencias para aclarar las razones del borrado de las memorias de los dos ordenadores portátiles, que según dijo el extesorero al juez contenían información relevante sobre la contabilidad B del partido.

De las acusaciones, quien más lejos llegó fue la formada por Izquierda Unida y la Asociación Libre de Abogados, que confirmaron a este periódico que pedirán la próxima semana la imputación del responsable de la destrucción de los discos duros en abril pasado. En su escrito avanzaron que acusarán al autor de un delito de encubrimiento, penado con entre seis meses y tres años de prisión, por «ocultar, alterar o inutilizar el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento». Esto es, por destruir las pruebas de una investigación en curso, ya que el caso de los 'papeles de Bárcenas' se judicializó un mes antes.

La acusación del Observatori DESC solicitó ayer al juez que requiera al PP la identificación de los trabajadores que destruyeron las memorias a fin de que acudan a declarar como testigos y digan si tienen una copia de seguridad. Esta acusación también reclama al juez que remita estos hechos a los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla de Madrid al entender que podrían ser susceptibles de un delito informático, castigado con entre seis meses y dos años de cárcel.

«Se hizo con dolo»

El pseudosindicato Manos Limpias anunció la presentación de una denuncia la próxima semana en el juzgado porque considera que el PP obstruyó la labor de la justicia al eliminar los discos duros. «Se hizo con dolo y no es válida la justificación de la Ley de Protección de Datos porque estaba por medio un proceso judicial», señalaron en un comunicado. Una línea parecido mantuvo el colectivo progresista Jueces para la Democracia.

Como ocurriera el jueves, las críticas también alcanzaron al juez Pablo Ruz, al que criticaron no haber registrado antes la vivienda de Bárcenas o la sede del PP. «Ha estado muy condescendiente. No se puede utilizar guantes de seda con quien tiene manos de garfio. Hace mucho tiempo que el juez debió registrar Génova 13 como hizo el magistrado Marino Barbero con el 'caso Filesa' en la sede del PSOE», afirmó el abogado Mariano Benítez de Lugo, de la acusación popular Adade.

También la acusación del PSOE en el 'caso Gürtel', a través de los socialistas valencianos, solicitará al juzgado una investigación para saber «quién manipuló» los ordenadores y «por orden de quién», en lo que califican una «gravísima» actuación con responsabilidades penales, según dijo el secretario de Organización, Óscar López. Su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, sostuvo que el episodio de los ordenadores es uno más para un gobierno que está sufriendo un duro desgaste durante los últimos meses, pero no solo por la crisis económica sino también por «sus mentiras». «Destruir el disco duro de un ordenador es toda una tarjeta de visita para un partido que quiere hacer una ley de transparencia. Curiosa forma de ser transparente negando información al juez», censuró el líder socialista.