Alaya reclama a la Junta la relación de intrusos en los ERE de 2001 a 2010

Dos nuevos autos notificados por la jueza de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, relacionados con el sumario de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía se conocieron ayer, aunque fueron notificados antes de las vacaciones de la magistrada.

En el primero de ellos, Alaya urge a la Junta andaluza a entregarle la relación de las personas ajenas a las empresas, los llamados «intrusos», que figuran como beneficiarias de ayudas sociolaborales concedidas entre 2001 y 2010. La jueza pide que se detalle el nombre, apellido, DNI, empresa a la que se vinculó el intruso, número de póliza de seguro en la que se incluyó y la compañía aseguradora. Los datos no figuran en los listados enviados por la dirección general de Relaciones Laborales.

Además, Alaya ha pedido la contabilidad de IDEA de los años 2010 y 2011, su memoria auditada junto a sus estados financieros, así como el balance de situación y el libro diario con el desglose de todas las cuentas y subcuentas.

Asimismo, solicita a la Junta expedientes que aún no ha remitido sobre ayudas a las empresas A-Novo Comlink por 233.000 euros; a Dhul por 7.459.373 euros; a Hilaturas y Tejidos Andaluces por casi 90.000 euros y a Pickman por 88.000 euros.

El auto requiere también los escritos en los que la Junta se haya dirigido al Estado o a la UE sobre las ayudas del programa 22E y 31L entre 2000 y 2010, para ver su compatibilidad con las normas comunitarias.

Pagos a Juan Lanzas

En el segundo auto, Alaya imputa a otras 23 personas en las diligencias relativas a la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L en diversas empresas. El número total de la causa se eleva ya con estos a 116 imputados.

Así, Alaya considera que el ex sindicalista y «conseguidor» Juan Lanzas, que se encuentra en prisión, recibió sobres con pagos de dinero negro tras «comprometerse» con dos hijos del empresario José María Ruiz Mateos a que el dinero de la Junta financiase las prejubilaciones de un ERE que el grupo Nueva Rumasa preparaba en el Hotel Cervantes.

Entre los procesados figuran Javier y Pablo Ruiz Mateos, hijos del empresario jerezano, junto a varios 'intrusos' y directivos de las empresas Intesur, Saldauto, SOS Cuétara, Cespa y Matadero de Fuenteovejuna.

También señala en el auto a personas vinculadas a las ayudas recibidas por la empresa Hijos de Andrés Molina (Hamsa), de Jaén; Hitemasa, de Málaga; Sociedad Anónima Manufactura Española del Corcho (Samec); Cenforpre, vinculada al exfutbolista Pizo Gómez --también imputado en la causa--, o la empresa granadina Dhul, relacionada con el grupo empresarial Nueva Rumasa.

Según el auto, Lanzas se comprometió con los Ruiz Mateos a que la Junta abonaría cien millones de pesetas por cada ERE.

Alaya asegura textualmente que «todos los pagos a Juan Lanzas se hicieron en 'B' en sobres quincenales o mensuales de 20.000 ó 25.000 euros, procurando que el pago fuera en billetes de 500 euros». Los sobres, dice el auto, eran retirados personalmente por «Lanzas o su compañera».

Añade que «Carlos Miranda Bacciarini, director de la Dirección Hotelera del Grupo Nueva Rumasa y administrador mancomunado de la empresa Europa Center, estaría al tanto de todas las irregularidades que se habrían cometido y además que era quién presuntamente efectuaba el pago directamente a Juan Lanzas». No obstante, según la magistrada, «con independencia de la ayuda comprometida, la efectivamente abonada ascendería a la suma de 5,92 millones de euros».

Asimismo, indica que en este caso se incluyeron varios intrusos, en concreto dos personas que poco antes de firmarse la póliza de prejubilación del Hotel Cervantes pertenecieron a la plantilla de otras empresas de Rumasa, Autor Marbesol y Viajes Marbesol.