Londres enfría la atmósfera bélica

La Cámara de los Comunes derrotó ayer por 285 votos contra 272 una moción irrelevante del Gobierno sobre Siria tras ser convocada para una sesión de urgencia antes de que se reanude el calendario parlamentario. Sirvió para comprobar que diputados de todos los partidos albergan serias dudas sobre la conveniencia de un ataque de castigo y rechazan la idea de iniciarlo antes de que la ONU culmine sus pasos.

El miércoles, después de que el primer ministro, David Cameron, interrumpiese sus vacaciones y se prodigase en declaraciones y entrevistas tras convocar al Parlamento, pareció inminente un ataque con misiles a instalaciones militares sirias. El ministro de Exteriores, William Hague, argumentaba que la intervención era legal sin necesidad de una resolución del Consejo de Seguridad.

Ayer se reunió el Consejo Nacional de Seguridad. Recibió un informe del Comité Conjunto de Inteligencia, que agrupa a los diferentes servicios, y también detalles de las informaciones en las que se basaba su evaluación. Se consideraron también las opciones militares. Londres anunció la presentación de una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU. A medida que avanzó la jornada, la certeza tornó en dudas. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió en La Haya que se diera tiempo a los inspectores que llegaron a Damasco el día 25 para que concluyeran su informe, este sábado, que se diera «una oportunidad a la diplomacia, una oportunidad a la paz» y que el Consejo de Seguridad actuase unido. El Consejo apartó la resolución británica.

El Gobierno de coalición británico está formado por conservadores arrepentidos de haber apoyado la invasión de Irak con informaciones del Comité Conjunto de Inteligencia sobre la posesión de armas de destrucción masiva que luego se revelaron falsas, y Liberal Demócratas que se opusieron a aquella guerra. Querían ambos el máximo consenso.

El líder de la oposición, Ed Miliband, entró con virginidad en las negociaciones sobre una moción respaldada por todos. Su hermano, David, fue ministro de Exteriores de Tony Blair y apoyó la guerra en Irak, pero él guardó silencio aunque votó con el partido. Según Downing Street, Miliband vaciló a lo largo de las conversaciones pero, a última hora de la tarde, no había consenso.

Cameron y su viceprimer ministro, el liberal-demócrata Nick Clegg, presentaron su moción en la Cámara. Ya no se trataba de autorizar una intervención militar sino de prometer un nuevo voto sobre tal decisión a la espera de los inspectores de la ONU y la reunión del Consejo de Seguridad, y se advertía que la intervención humanitaria sería legal.

Junto a la moción, el Gobierno depositó en la biblioteca del Parlamento resúmenes de la evaluación del comité de inteligencia y del asesoramiento recibido sobre la legalidad de una intervención militar. El primero estima que «limitada pero creciente inteligencia apoya el juicio de que el régimen fue responsable de los ataques». Los analistas británicos no creen que la oposición tiene armas químicas, desde luego no en la escala necesaria para un ataque con 350 víctimas mortales. El informe legal reitera lo que el Gobierno ya adelantaba. El capítulo 7 de la Carta de la ONU autoriza a «Estados o grupos de Estados» a intervenir militarmente en un país para impedir una grave crisis humanitaria. Es la doctrina del Derecho a Proteger, aplicada en Serbia y en otros conflictos. Se ha debatido desde entonces si la ley internacional la respalda sin una autorización previa del Consejo de Seguridad.

«Soy profundamente consciente», dijo David Cameron en el inicio del debate sobre su moción, «de las lecciones de previos conflictos». El de Irak, añadió, «envenenó la fuente» de la confianza del público. «No se debe interferir en los asuntos de otro país salvo en las circunstancias más excepcionales», dijo, «pero esto es una catástrofe humanitaria y, si no tiene consecuencias, nada impedirá que El-Asad y a otros lo hagan una y otra vez».

personas bajo custodia del régimen sirio han «desaparecido» desde finales de los años setenta, según denuncia en un informe Amnistía Internacional. La organización asegura que esta práctica para se incrementó cuando comenzaron las protestas sociales en el país, en 2011.

periodistas profesionales, seis de ellos extranjeros, han muerto en Siria desde que empezó el conflicto hace dos años, ha denunciado Reporteros Sin Fronteras.