La mayoría del PP impide a la oposición interpelar al presidente sobre Bárcenas

Mariano Rajoy no tendrá que volver a afrontar ningún pleno parlamentario monográfico sobre el 'caso Bárcenas', al menos por ahora. La Mesa del Congreso, con los únicos votos del PP, impidió incluso que la Diputación Permanente de la Cámara debatiese ayer la posibilidad de interpelar al presidente del Gobierno sobre las nuevas revelaciones. Una decisión que Alfredo Pérez Rubalcaba calificó de «torpeza» porque el PP también tienen mayoría absoluta en el órgano que suple al pleno y, por lo tanto, el resultado hubiera sido el mismo, el veto a la comparecencia de Rajoy.

Según el secretario general del PSOE, el Gobierno, al presionar al presidente del Congreso para que impidiera incluso el debate, obligó a Jesús Posada hacer «un papelón innecesario». Ante esta negativa, los socialistas aseguran que no se quedarán de brazos cruzados y que recurrirán la decisión de Posadas ante el Tribunal constitucional.

La exministra Celia Villalobos, vicepresidenta del Congreso, negó que el PP haya «cercenado libertades» de los grupos al negar la discusión sobre la interpelación y recordó que el artículo 181 del reglamento de la cámara tasa que este tipo de iniciativas deben versar «sobre política general». Un requisito que, a su juicio, no se cumplía en esta ocasión. Lo que sí se debatió en la Diputación Permanente fue la petición del PSOE de crear una comisión de investigación parlamentaria sobre el denominado 'caso Bárcenas'. La iniciativa, que tampoco prosperó ante la negativa del PP, solo contó tras un tenso debate entre socialistas y populares con el apoyo de Izquierda Plural y del Grupo Mixto. CiU y PNV se abstuvieron, al entender que las conclusiones del Congreso no aportarían nada al sumario que instruye en la Audiencia Nacional el juez Pablo Ruz.

Carlos Floriano, diputado y vicesecretario de Organización del PP, acusó al PSOE de actuar como «cooperador necesario» de las tesis de la defensa de Luis Bárcenas al poner el acento en la supuesta contabilidad B del PP y no en el origen de la fortuna del que fuera gerente y tesorero del PP durante 30 años. Soraya Rodríguez, portavoz de los socialistas en el Congreso, instó a Floriano a retirar la expresión «cooperador necesario» del diario de sesiones, a lo que el parlamentario popular se negó.

Rodríguez consideró absolutamente necesaria esta comisión de investigación porque, a su juicio, el PP amasó ocho millones de euros «de dinero negro» en 20 años. Una cifra que en un 70% procedería «de donaciones de empresas contrataban con las administraciones gobernadas por el PP».

Contraataque

Los populares, en esta ocasión, no solo se han conformado con justificar su negativa a la nueva comparecencia de Rajoy en el pleno del Congreso sino que pasaron al ataque. Floriano llegó a acusar a PSOE, IU y UPyD de no justificar debidamente sus ingresos ante el Tribunal de Cuentas. Un reproche que hizo saltar a Irene Lozano, representante de la formación que lidera Rosa Díaz, y que amenazó al diputado popular con una querella en los tribunales por injurias.

Sobre la comisión de investigación, Floriano recalcó que la intervención del presidente del Gobierno el pasado 1 de agosto cercenó cualquier duda sobre la responsabilidad del PP en la fortuna de Bárcenas. En opinión del número tres del PP, «ahora hay que dejar trabajar a la Justicia» y una vez que haya «hechos probados» será el momento de asumir responsabilidades políticas si es que las hubiera

Cayo Lara basó el apoyo de IU a la comisión de investigación en las «mentiras» de Rajoy sobre cómo se financió el PP. Lara reclamó la presencia del jefe del Ejecutivo en el Congreso para que responda con claridad a una serie de preguntas claves para esclarecer los hechos como por qué enviaba mensajes telefónicos a Bárcenas pidiéndole que resistiera después de que transcendiera su fortuna en Suiza, cómo es posible que nadie se enterase de que había acumulado 48 millones o por qué Rajoy negó la vinculación del PP con Bárcenas ante el Congreso cuando su nómina se mantuvo hasta 31 de marzo de 2013 y pagada la cuota de afiliado del partido de 2012. A estas cuestiones, añadió Lara, hay que unir por qué se sobreindemnizó al sucesor de Bárcenas y también tesorero Cristóbal Páez con el triple de lo que le podía corresponder.

UPyD denunció que Rajoy, con su afán por esquivar el control parlamentario, asume la «mentira como una forma legítima de comportamiento político». Un hecho grave que, según la diputada Lozano, debería provocar la dimisión del presidente del Gobierno.