Mas apoya la cadena humana de la Diada, pero renuncia a participar

En su primera reunión tras la vuelta de las vacaciones estivales, el Gobierno catalán despejó ayer una de las incógnitas del verano. A pesar de que se siente plenamente «identificado» con el espíritu y con su objetivo, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no participará en la cadena humana por la independencia, la protesta que la sociedad civil soberanista ha organizado para el 11 de septiembre con motivo de la fiesta nacionalista de la Diada.

Mas renuncia a asistir a la movilización, en la que estarán la mayoría de sus consejeros y compañeros en la dirección de Convergència, pero tendrá un gesto de deferencia con los organizadores. El presidente recibirá a los miembros de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) el mismo 11 de septiembre para «testimoniarles la valoración positiva de la iniciativa», expresó el portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs. Hace un año, tras la gran manifestación impulsada por la ANC, en la que participaron millón y medio de personas, entre ellas casi todos los miembros del Gobierno autonómico (menos Mas), el presidente catalán también se reunió con los responsables de esta plataforma independentista, aunque lo hizo dos días después de la marcha.

La situación ha cambiado, el desafío soberanista se ha incrementado respecto a 2012 y para la Generalitat, la cadena humana, que tratará de emular la protesta que en 1989 hicieron los tres países bálticos para reclamar la retirada de la URSS de sus territorios, cobra una gran importancia ya que le puede ayudar para presionar al Gobierno central en su reclamación de una consulta de autodeterminación.

Pulso con Rajoy

El Gobierno catalán continúa dando pasos en lo que Mas calificó como la transición nacional hacia el estado catalán. Mas anunció al principio de la legislatura que Cataluña debe dotarse de estructuras de estado. Una de ellas vio ayer la luz: el proyecto de ley de acción exterior. El Ejecutivo catalán pretende blindar por ley las competencias de la Generalitat en materia de exteriores. Una norma que nace «pensada para un país libre» y que surge como respuesta a la que aprobó en el mes de julio el Ejecutivo central, que entre otras cuestiones articula para la administración central un mecanismo de control previo para los acuerdos internacionales de las comunidades autónomas.

El proyecto de ley, que supone un nuevo pulso con el Ejecutivo de Rajoy, introduce los conceptos de «diplomacia pública», «cultural» y «económica» de Cataluña, fija el marco de actuación de las relaciones institucionales del Gobierno autonómico en el ámbito internacional y regula la representación catalana en el exterior (las embajadas).

La Generalitat aprobó además la prórroga (la tercera este año) de los presupuestos del año pasado para adaptarlos al 1,58% del objetivo de déficit fijado por el Ministerio de Hacienda. Según los cálculos se deberá aplicar un recorte del gasto de 2.000 millones.