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ESPAÑA

PSOE e IU apremian a UGT para que aclare ya las facturas falsas

Reclaman explicaciones a la central por el presunto desvío de fondos públicos para pagar actividades sindicales

R. C.
MADRID.Actualizado:

PSOE e IU urgieron a UGT de Andalucía a que aclare lo antes posible la veracidad de las presuntas facturas falsas utilizadas para justificar el desvío de fondos públicos destinados a pagar cursos de formación a desempleados. El secretario de Organización de los socialistas reclamó «la versión» de la central sindical y el líder de la coalición de izquierda exigió que «pague el que haya metido la mano».

Óscar López intentó mostrarse cauteloso, pero reconoció que la falta de explicaciones de UGT no contribuye a esclarecer el caso. La portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, fue más rotunda y exigió a la organización sindical andaluza que «hable rápido» y aclare qué es lo que ha ocurrido. La dirigente socialista apuntó que si se ha producido la malversación de fondos públicos el dinero público debe ser «devuelto».

Cayo Lara, por su parte, defendió que hay que tener «la misma vara de medir» en todos los casos de corrupción, afecten a quien afecten. «El que la ha hecho», agregó, que «la pague», y quien haya «metido la mano, por no decir la pata» tiene que asumir sus responsabilidades.

Diversas informaciones periodísticas recogieron que UGT de Andalucía empleó fondos de la Unión Europea y de la Junta de Andalucía destinados a cursos de formación a desempleados para sufragar actividades propias. Entre ellas, el pago de un autobús y pancartas para la huelga general de marzo pasado, sufragar la celebración de una asamblea de delegados sindicales o el pago de una comida para la dirección del sindicato en la Feria de Abril de 2010.

El PP de Andalucía reclamó al Gobierno autonómico que lleve el presunto uso indebido de fondos públicos a los tribunales. El caso, de momento, está en manos de la Fiscalía, que ha abierto una investigación. El PSOE andaluz señaló a su vez que la Junta podría tomar la misma decisión ya que se siente perjudicada por la presunta malversación de caudales públicos.