Las acusaciones pedirán la imputación de Álvarez-Cascos en el 'caso Bárcenas'

El próximo objetivo de las acusaciones populares que consiguieron la apertura del 'caso Bárcenas' con su querella del pasado febrero es lograr la imputación de Francisco Álvarez-Cascos. Según han informado diferentes fuentes del proceso, Izquierda Unida y los otros colectivos que denunciaron al extesorero reclamarán en septiembre al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que encause al exvicepresidente del Gobierno y ex secretario general del PP en esta pieza separada del sumario Gürtel, después de que él mismo reconociera en su interrogatorio del 13 de agosto como testigo que durante casi tres años, entre 1990 y 1992, ejerció de tesorero del partido.

Si el magistrado viera indicios suficientes contra el también exministro de Fomento, no podría imputarle directamente porque es aforado ante el Tribunal Superior de Asturias por ser parlamentario autonómico del Principado. Ruz, sin tener que inhibirse de todo el sumario, podría elevar una exposición razonada a esa sede judicial para que decidiera si debe o no ser acusado formalmente en una pieza desgajada del 'caso Bárcenas'.

Las acusaciones apuntan contra el expresidente asturiano porque, según explicó el propio Álvarez Cascos el 13 de agosto en la Audiencia Nacional, compaginó el cargo de tesorero con el de secretario general de los populares de forma interina entre la salida de Rosendo Naseiro -después de que éste fuera inhabilitado en 1990 tras ser detenido e imputado por la financiación ilegal del PP- y la llegada a la caja del partido de Álvaro Lapuerta, el antecesor en el cargo de Luis Bárcenas. Una situación de interinidad que también ocupó durante ocho meses María Dolores de Cospedal quien, ya siendo secretaria general, fue la titular de la tesorería del PP desde la dimisión de Bárcenas el 28 de julio de 2009 hasta la designación el 8 de abril de 2010 para ese cargo de José Manuel Romay Beccaria, hoy presidente del Consejo de Estado.

Los letrados de Izquierda Unida, Ecologistas en Acción, la Asociación Libre de Abogados, la asociación Justicia y Sociedad y la Federación Los Verdes preparan ya la petición de imputación del exministro, quien estuvo al frente de la Secretaría General del PP entre 1989 y 1999, el periodo más largo que nadie haya ocupado ese puesto. La demanda de las acusaciones, señalaron fuentes del proceso, se fundamentará en el hecho de que Álvarez-Cascos durante el interrogatorio insistió en que el control de las donaciones anónimas de los empresarios era un asunto que escapaba de la Secretaría General porque dependía en exclusiva del tesorero de la formación. Una tesis, la de señalar exclusivamente al tesorero, que también sostuvieron en sus comparecencias del 13 y 14 de agosto Javier Arenas y Dolores de Cospedal.

Cuestión de competencia

A las acusaciones populares no les convencieron las explicaciones de Cascos de que durante los años que él también se ocupó de la tesorería, el registro de las donaciones anónimas pasó de manera momentánea a ser una competencia del «personal» adscrito a ese departamento contable y no del tesorero como fue antes y después de su paso por ese cargo. Los letrados de la acusación alegarán, además, que la imputación de Álvarez-Cascos es una cuestión de «coherencia sumarial» ya que las otras personas que ocuparon la tesorería del PP durante el período que abarcan los 'papeles de Bárcenas', es decir de 1990 a 2008, están ya encausadas en esta pieza separada por las supuestas donaciones irregulares y la presunta contabilidad B en el partido, y no son otras que el propio Bárcenas y su antecesor, Álvaro Lapuerta.

En los 'papeles de Bárcenas', los años de Álvarez-Cascos al frente de la Secretaría General y de la tesorería están plagados de apuntes supuestamente irregulares. En algunos de esos documentos, el exministro de Fomento tuvo la responsabilidad de ser el recaudador de donaciones, un papel que no jugaron ni Arenas ni Cospedal. Siempre según Bárcenas y sus manuscritos, entregó a la caja B del partido seis partidas de dinero por valor de 47 millones de pesetas que, a su vez, empresarios anónimos le habían dado a él. Álvarez-Cascos además aparece en esos controvertidos asientos como uno de los mayores perceptores de supuestos sobresueldos en B, con cerca de 412.000 euros.

Izquierda Unida y los demás colectivos denunciantes también quieren poner el acento en el hecho de que Cascos, ya como ministro de Fomento entre abril de 2000 y abril de 2004, se reunió en su despacho con la práctica totalidad de los ocho empresarios a los que el pasado 30 de abril el juez Pablo Ruz imputó por haber donado entre 2003 y 2008 presuntamente dinero fuera de los cauces legales al PP y por cantidades que superarían los máximos previstos en la ley de financiación de partidos, de acuerdo a los apuntes manuscritos del extesorero.