El nuevo PGOU aliviará la carencia de viviendas sociales en la localidad

Una lista de espera que casi alcanza el número de viviendas sociales de las que dispone la ciudad necesita solución. El parque de inmuebles de Emsisa, la empresa municipal de suelo y vivienda, cuenta actualmente con poco más de 1.700 residencias; mientras que la lista de espera de ciudadanos que demandan acceder a alguna de ellas supera las 1.300. Todas las viviendas sociales están ocupadas, por lo que la espera se hace eterna.

La situación tiene visos de corregirse a través de la aplicación del nuevo Plan General que, según las estimaciones del Gobierno municipal, aún no estará en vigor hasta principios de 2015. «El documento -según explicó la concejala de Urbanismo, Marisol Ayala, en una primera presentación- recoge un total de 5.165 viviendas de protección oficial». Una cifra que supone el 30%, tal como establece la legislación actual vigente, del total de viviendas de nueva construcción que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) fija en unas 17.000. Y ese volumen de residencias se correspondería también con los límites de crecimiento establecidos por el POTA (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía). Esta solución, aunque habrán de pasar bastantes años para que se haga realidad, pone fin a las bases establecidas por el anterior PGOU, que finalmente anuló el Tribunal Supremo en 2011. En ese documento, sólo se destinaba un 2% del suelo disponible a la construcción de viviendas sociales.

Opciones por el momento

Mientras no se resuelve esta situación para una ciudad de más de 82.000 habitantes y que, además, no ha dejado de crecer en población en los últimos ocho años; el Gobierno municipal trata de plantear alternativas que sirvan de paliativo. Más aún en una situación en la que muchos ciudadanos han perdido sus viviendas a manos de los bancos y otros ya no pueden soportar los alquileres de inmuebles privados. Una de las ideas puestas en marcha para incrementar la oferta de viviendas de protección oficial fue el acuerdo firmado con Banesto en junio de 2012. Mediante esta colaboración, la entidad bancaria ofrecía 57 viviendas de su 'stock' a precios sociales (entre 60.000 y 130.000 euros) y el préstamo hipotecario para su adquisición.

Ya entonces la Delegación municipal de Viviendas se interesó por este tipo de iniciativas. Sin embargo, por el momento ninguna otra opción más se conoce. Y eso que según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Chiclana existen casi 4.600 viviendas vacías, de segunda mano o nueva construcción, la mayoría de ellas, propiedad de entidades bancarias. Por otro lado, y con el mismo objetivo, se propuso la licitación de la parcela de El Doctoral para que una promotora privada ejecutase las 20 viviendas que allí estaban proyectadas y se vendiesen como VPO a solicitantes de Emsisa. Aunque se anunció hace más de un año, aún no se ha hecho ningún avance en este sentido.