España no es país para refugiados
Los expertos denuncian que la legislación plantea «una sucesión de obstáculos» que hacen «casi imposible» acceder a este derecho En 2012 se recibieron solo 2.600 peticiones de asilo, muy lejos de Alemania o Francia
MADRID.Actualizado:Edward Snowden, el exanalista de la CIA que reveló un programa de espionaje informático a escala global por parte de Estados Unidos, incluyó a España en una lista de países a los que solicitar asilo. La respuesta del Gobierno fue inmediata y llegó por boca del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien descartó que la petición pudiera ser ni tan siquiera considerada. La legislación española, argumentó el jefe de la diplomacia, obliga a que las solicitudes sean presentadas en suelo español, del cual quedan excluidas las legaciones en el exterior.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que cuestionó con firmeza la reforma de la ley de asilo elaborada en 2009 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, se apresuró a desmentir las palabras de García-Margallo. Patricia Bárcena, directora de esta ONG en el País Vasco, recuerda que la legislación admite «una vía para contemplar las peticiones presentadas fuera del territorio nacional». Bárcena remite al artículo 38 de la norma, que insta a los embajadores a facilitar el traslado a España cuando «corra peligro la integridad física» del solicitante. Una vía «más restrictiva y discrecional» de la que existía antes de la reforma cuando la embajada tramitaba directamente las peticiones, pero cuya excepcionalidad, añade, «el ministro debe conocer a la perfección».
La negativa a la no materializada petición de asilo de Snowden, devuelve al primer plano una realidad poco conocida, la de los asilados políticos, una condición de la que disfrutan muy pocos en el país, en contra de la creencia muy extendida de que España es un país de asilo. La Constitución reconoció por vez primera el derecho de todo ciudadano extranjero a disfrutar de las libertades que el texto concedió a los españoles: «la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España». En 1984, el Congreso sacó adelante la primera ley de asilo de la democracia, renovada un cuarto de siglo después por otro gobierno socialista con el fin de adaptar la norma a los nuevos tiempos.
El resultado fue la Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria, en vigor desde noviembre de 2009. Su tramitación estuvo marcada por los preocupantes datos de 2008. Aquel año fueron concedidas tan solo 151 de las más de 4.500 peticiones de asilo registradas. Unos niveles a la altura de principios de los ochenta, cuando la inmigración no era aún un fenómeno masivo.
Una ley incompleta
Los pormenores de la nueva ley no estuvieron exentos de polémica. Bárcena, que también integra la subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía, recuerda que la ley dispuso «la aprobación de un reglamento que la desarrollara en un plazo máximo de seis meses». La crisis que se arrastra desde hace cinco años ha dejado este trámite parlamentario en suspenso, abandonado al amparo de «una ley inconclusa y débil», arguye la letrada.
La ley de 2009 aporta algunas luces, como el reconocimiento expreso de la discriminación por género u orientación sexual entre los motivos alegados para efectuar la solicitud. Un avance en relación a la legislación anterior que sin embargo se queda corto, apunta Bárcena, «respecto a lo previsto en la ley de igualdad», al supeditar su toma en consideración «a las circunstancias imperantes en el país de origen».
Para la directora de CEAR-Euskadi, la crisis del asilo en suelo español no responde a una ley fallida sino a toda una política aplicada de forma «restrictiva» que convierte en «casi imposible» el acceso de las personas para pedir refugio. En 2012, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de las 3.414 peticiones de asilo en España fueron resueltas con éxito solo 326, menos del 10%.
La escasez de peticiones de asilo en España, insignificantes frente a las 55.000 de Francia el pasado año, tiene para Patricia Bárcena una explicación clara, «las pocas personas que consiguen llegar tienen que sortear innumerables obstáculos para recibir protección». Una de las principales barreras es el desconocimiento de por parte de los inmigrantes de que existe derecho de asilo en España nada más pisar suelo español.
En este sentido, la abogada reclama «la asistencia letrada inmediata en puestos fronterizos» sin necesidad de solicitarla como hasta ahora, así como un mayor esfuerzo en la formación del personal policial y jurídico, «no solo en aspectos normativos sino también en habilidades de comunicación y en el conocimiento de los países de origen de los solicitantes». Una asignatura pendiente para un país que vio salir a lo largo del pasado siglo a miles de personas en busca de asilo político.