Catorce heridos permanecen ingresados un mes después del accidente del Alvia

Un mes después del descarrilamiento del tren Alvia en Santiago de Compostela que se cobró 79 vidas aún permanecen ingresadas en hospitales de Galicia 14 de los más de 150 heridos que se registraron en el accidente. 78 de las víctimas fallecieron en la curva de A Grandeira el pasado 24 de julio. Cuatro días después se sumaba otro nombre a la lista de defunciones. El hecho de que en un principio se registrarán 36 pacientes en estado crítico hizo temer que la cifra inicial de muertes fuera en incremento durante las jornadas posteriores al accidente, una previsión que finalmente no se ha hecho realidad.

A la par de la recuperación de los heridos ha discurrido la investigación judicial a cargo del Juzgado número 3 de Instrucción de Santiago, cuyo titular, Luis Aláez, ha avanzado con paso lento pero seguro. Durante las primeras horas tras el descarrilamiento Aláez desoyó las voces que apuntaban ya al maquinista, Francisco José Garzón, como único responsable de la tragedia. Al contrario de la Policía, que detuvo al conductor en el hospital donde se recuperaba de sus heridas el 26 de julio, el juez esperó aún tres días más a que concluyera la identificación de todas las víctimas para dar inicio a la instrucción. Su primer paso fue imputar a Garzón y dejarlo en libertad con cargos tras tomarle declaración acusado de 79 homicidios imprudentes. A continuación recopiló testimonios y solicitó documentación a Adif y Renfe acerca del estado de las vías y peraltes de la zona en que se produjo el accidente, las señales y balizas existentes en la misma o la normativa del personal de cabina en los trenes.

La última decisión de Aláez fue la de imputar a los responsables de la seguridad de circulación de Adif en el tramo que une las estaciones de Orense y Santiago a fecha de 24 julio, cuya identificación pidió a la gestora de las infraestructuras ferroviarias. Según estima el magistrado, en la zona previa a la curva de A Grandeira se daba «la ausencia de las más elementales medidas de seguridad», lo que establecería un «nexo causal» entre «la omisión de las cautelas elementales» por parte del gestor de las vías y el accidente.

Respuesta de Adif

Ante el requerimiento del juez instructor para que le sea notificado el nombre de los responsables de seguridad, Adif anunció ayer que facilitará a Aláez un listado de todos los profesionales que han desempeñado dichas responsabilidades desde que el momento inicial en que fue diseñado el tramo entre Orense y Santiago hasta la fecha en que se produjo el descarrilamiento. En este sentido, la empresa pública va más allá de lo fijado por el magistrado que en el auto emitido el pasado 20 de septiembre solicitó de forma explícita que se le facilitará únicamente la identidad de la o las personas que ejercían esas funciones el día del siniestro. Adif no ha podido precisar aún cuando podrá remitir la información al juzgado aunque sí ha insistido en que cumplirá con sus obligaciones en el menor tiempo posible. En cualquier caso, el auto de Aláez no especifica un plazo para que le sea facilitada la información.

Desde que ocurriera el accidente Adif ha defendido su gestión de las infraestructuras y ha eludido asumir cualquier tipo de responsabilidades en el descarrilamiento. Desde el PP también se ha venido deslizando a lo largo del último mes que fue bajo Gobierno socialista, concretamente con José Blanco como ministro de Fomento, cuando se decidió sustituir en los kilómetros previos a A Grandeira el moderno sistema de guiado ERTMS, que según los expertos hubiera evitado el accidente, por el convencional ASFA, que otorga mayores responsabilidades al maquinista y que no frenó de forma automática el convoy pese a doblar la velocidad permitida. Según desveló Adif tras el accidente, el ASFA solo estaba programado para ejecutar un frenado de emergencia de superarse los 200 kilómetros por hora, y la máxima velocidad del convoy fue de 195.

Petición de cese

Por el momento, tanto la Izquierda Plural como el Bloque Nacionalista Galego han solicitado a la ministra Ana Pastor el cese del presidente de Adif, Gonzalo Ferre, que fue nombrado para el cargo el pasado enero. El PSOE, en cambio, ha mantenido una posición tibia a la hora de pedir dimisiones y se ha limitado a exigir que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias. Los socialistas saben que la investigación puede salpicar al que fuera su número dos en el partido.