Rajoy pide a Barroso que investigue a Gibraltar por blanqueo y contrabando

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, habían mantenido hasta ayer numerosas conversaciones telefónicas para abordar diversas cuestiones relacionadas con un mismo asunto: la situación económica y financiera de España.

El guión de estos contactos, con la prima de riesgo española situada por debajo de los 250 puntos y con las reformas estructurales que exige Bruselas en marcha, ha cambiado de manera radical a causa de la escalada de tensión entre Londres y Madrid a causa de Gibraltar.

Barroso, a petición del primer ministro del Reino Unido, David Cameron, telefoneó al presidente español para intentar mediar en un conflicto necrosado en las relaciones diplomáticas entre ambos socios de la Unión Europea.

Fuentes de Moncloa indicaron que Rajoy aceptó el envío de una misión de observadores a la frontera del Peñón «lo antes posible», tal y como reclamó Cameron a Barroso, pero con un matiz importante. España quiere que la Comisión Europea, además de analizar los controles aleatorios que ha instaurado la Guardia Civil para entrar y salir por el paso fronterizo de La Línea de la Concepción, investigue si las autoridades gibraltareñas vulneran la normativa europea sobre blanqueo, contrabando y fiscalidad.

El Gobierno de Gibraltar considera que dejó de ser un paraíso fiscal desde el 1 de enero de 2011, cuando acabó con su opaco doble régimen fiscal que permitía a cualquier empresa extranjera operar desde el Peñón sin pagar ningún tipo de impuestos.

Dos años después de la aprobación de esta norma, fuentes oficiales españolas calculan que aún existen unas 50.000 empresas inscritas en el registro gibraltareño que escapan al control de España y de otros países de la Unión Europea.

Rajoy transmitió a Barroso la necesidad de que Bruselas «verifique y controle» que la actividad económica en Gibraltar no vulnera la normativa europea relativa a blanqueo de dinero, contrabando y fiscalidad. La entrevista telefónica entre ambos dirigentes se produjo el día después de que el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, alzara el tono en una entrevista en la BBC para asegurar que «el infierno se congelará antes de retirar los bloques de hormigón», un comentario que salió a colación durante la charla entre Barroso y Rajoy. Según Moncloa, el presidente instó a Barroso a censurar el acto unilateral de lanzamiento de bloques de hormigón en las aguas de la bahía de Algeciras por parte de las autoridades gibraltareñas. Un incidente que calificó de «inaceptable» y que, a juicio de España, supone una violación de la normativa medioambiental.

Rajoy le recordó que su Gobierno ya trasladó la denuncia cuando se produjo el lanzamiento -el 25 de julio- ante la Secretaría General de la Comisión Europea por violación de la normativa medioambiental europea y confía en que la Comisión se pronuncie a favor de España.

Tasa ilegal

De momento, lo que ha dejado claro Bruselas es la ilegalidad que supondría instaurar una tasa de 50 euros para entrar o salir de Gibraltar, tal y como propuso el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Margallo, que posteriormente matizó la propuesta al hablar de «tasa de congestión» por usar las carreteras españolas.

La crisis de Gibraltar es para varios partidos políticos una serpiente de verano de la que el PP se quiere servir para desviar la atención del 'caso Bárcenas'. El PSOE mantiene su apoyo a Rajoy en el pulso con Gibraltar, aunque con varios matices.

Soraya Rodríguez, portavoz del grupo parlamentario socialista, abrió un nuevo frente al solicitar la comparecencia del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, para explicar sus supuestas vinculaciones con empresas de venta de combustible para buques en el estrecho de Gibraltar -de la que aún sería accionista, según el PSOE-y la de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para que diga por qué no explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 29 de noviembre de 2012 que Cañete se ausentó e incluso delegó en su colega de Asuntos Exteriores la presentación de la propuesta de declarar zona de especial conservación las aguas que rodean al Peñón.