Consumo estudia sancionar a Vodafone, Orange y Yoigo por cláusulas abusivas

El Instituto Nacional de Consumo (INC) estudia emprender acciones para que las telefónicas Vodafone, Orange y Yoigo supriman una cláusula que considera abusiva al permitir a las empresas quedarse con saldo del cliente con prepago si no cumple un consumo mínimo o unas recargas periódicas.

El INC, en un informe elaborado en 2011, calificó como abusivas este tipo de cláusulas y, tras estudiar las condiciones de contratación de líneas prepago, solicitó a nueve operadoras de telefonía móvil que eliminaran las condiciones injustas para el consumidor. Seis de las compañías atendieron el requerimiento y Consumo archivó sus expedientes, mientras que Vodafone, Orange y Yoigo hicieron caso omiso.

En España hay operativas 16,3 millones de líneas prepago, aunque la tendencia es negativa y cada vez menos usuarios se decantan por una tarjeta de pago previo. El pasado junio, cuando el parque móvil se redujo por noveno mes consecutivo, a excepción de mayo, las telefónicas perdieron un 4,9% de las líneas respecto al mismo mes del año anterior y el prepago presentó los peores resultados con una caída del 15,3% interanual.

Menos ingresos por prepago

La pérdida de clientes repercutió también en el volumen de ingresos: mientras que en 2010 las operadoras facturaron 2.062 millones de euros gracias al prepago, dos años después solo consiguieron 1.487 millones, lo que supone un descenso del 27,89%, según los últimos datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Los clientes con tarjetas recargables son particulares en su gran mayoría mayoría, ya que los ingresos por líneas prepago asociadas a empresas no suponen ni el 0,1% del total. Suelen ser personas de avanzada edad o inmigrantes, colectivos especialmente vulnerables frente a las telefónicas por falta de conocimiento de la tecnología o del idioma, así como adolescentes que todavía no disponen de ingresos propios y dependen del dinero familiar o usuarios que no se atan por contrato a una compañía ante la imposibilidad de prever si podrán asumir el coste mínimo mensual.

Ante la decisión del INC, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las compañías de telefonía móvil afectadas defienden su actuación y no la encuentran lesiva para el consumidor. Desde Orange consideran que no existe «ninguna razón objetiva» para considerar abusiva una práctica «perfectamente legal» e indican que la compañía presentó una alegación al requerimiento que hizo Consumo para modificar sus condiciones de contratación.

Por su parte, Yoigo ha indicado que «hace algo más de un año eliminó de las condiciones generales prepago la cláusula que le permitía quedarse con el saldo de la tarjeta si se daba de baja el cliente» y que ahora devuelve el saldo a quien lo solicita tras dar de baja la línea. Asimismo, califica de «perfectamente legal» el establecimiento de un consumo mínimo para sus clientes.

La asociación de consumidores Facua, que ya denunció estas prácticas en 2009, ha solicitado a las autonomías que impongan multas proporcionales a la cuantía defraudada y recuerda a los usuarios que pueden reclamar por el dinero que las compañías se hayan quedado y exige a las autoridades competentes que velen por el reembolso de este dinero.