La defensora del Pueblo no recurrirá la 'ley antidesahucios'

La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha decidido no recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la 'ley antidesahucios', a pesar de la petición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), aunque "seguirá trabajando para reforzar la protección de los deudores hipotecarios". En una nota, la institución ha justificado la decisión, tomada tras reunirse la Junta de Coordinación, en que ya lo han hecho parlamentarios socialistas y su intervención no es "necesaria" para garantizar los derechos fundamentales y las libertades públicas o para salvaguardar la adecuación constitucional del ordenamiento jurídico.

Tampoco ve "asumible" el deseo de la Plataforma de que la institución se adhiriera a su propuesta de recurso, que la PAH no ha podido presentar ante el TC al no estar legitimada para ello. En el día en que concluía el plazo legal para recurrir la ley ante el Constitucional, el Defensor del Pueblo propone que se cree un procedimiento de insolvencia de las personas físicas y que se faciliten acuerdos entre las partes. La institución dirigida por Becerril explica que se ha tomado la decisión tras analizar "detenidamente" la petición recibida desde la PAH y Stop Desahucios contra la Ley 1/2013, de 14 de mayo, y por la que deseaban que se presentara como recurso un texto cerrado preparado por ellas.

"El Defensor del Pueblo, de acuerdo con la Ley Orgánica que lo regula, está obligado a actuar con plena libertad e independencia de criterio", dice la nota. La institución reitera que es necesario "reforzar más la protección de los deudores hipotecarios para impedir los efectos nocivos" y, aunque señala que la ley contiene "elementos positivos" respecto de la regulación anterior, ve necesario establecer "un procedimiento de insolvencia de las personas físicas para facilitar pagos más flexibles y que exista una segunda oportunidad".

Asimismo, propone aumentar las facultades de los jueces para facilitar acuerdos entre acreedores y deudores e imponer, en su caso, una solución razonable. El pasado mes de abril, la institución presentó en el Parlamento actuaciones y propuestas para una reforma profunda en la regulación de las deudas hipotecarias, pidió limitar los elevados intereses de demora y gastos de ejecución, y establecer un proceso previo de conciliación entre las partes. Asimismo, solicitó a la Asociación Española de Banca (AEB) y a la Confederación Estatal de Cajas de Ahorros (CECA) que se comprometieran a informar a los deudores hipotecarios de las nuevas posibilidades que les asisten tras la entrada en vigor de la Ley.

Respuesta de la PAH

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha calificado de "vergonzoso" que la defensora del Pueblo no recurra la 'ley antidesahucios' y ha acusado a la institución de "incumplir" sus obligaciones por no estudiar la denuncia de que la norma "viola derechos fundamentales".

La PAH planteó en su día un recurso propio de inconstitucionalidad y pidió que 50 diputados, 50 senadores o el Defensor del Pueblo lo "avalasen" para poder presentarlo, pero sin que se apropiasen de sus argumentos. "No ha hecho su trabajo, no ha hecho una análisis acerca de la violación de derechos fundamentales de esa ley, simplemente plantea una cuestión formal de que no puede adherirse a un recurso que es el que nosotros propusimos", ha declarado Rafael Mayoral, un portavoz de la plataforma.

Así, ha planteado que la institución que dirige Soledad Becerril podía haber redactado otro recurso si el problema era que no podía avalar el de la plataforma tal cual. También ha rechazado que el Defensor "se escude" para no presentarlo en que el PSOE haya registrado uno, lo que ha sucedido después del mediodía de hoy, cuando terminaba el plazo legal para hacerlo.

Mayoral también ha comentado la propuesta de la institución que dirige Soledad Becerril para que se cree un procedimiento de insolvencia de las personas físicas y que se faciliten acuerdos entre las partes. "Cuando estamos hablando de violaciones de derechos humanos, lo que está planteando es incumplir sus obligaciones", ha asegurado.

Así, se ha preguntado si el Defensor del Pueblo cree que es aceptable que "a los menores desde tres años se les desahucie", que sigan los desalojos "sin alternativa habitacional", que continúe "la falta de garantías procesales" en las ejecuciones hipotecarias y si está de acuerdo con una "ley de punto final" (para olvidarse de los casos anteriores). "Tiene la obligación de pronunciarse -ha insistido- y de hacer un análisis jurídico independientemente de que quién impugne la ley; como organismo constitucional, tiene la obligación de impugnar las normas que violen derechos fundamentales, y ha eludido su responsabilidad en flagrante incumplimiento de sus obligaciones".