La Audiencia defiende que Alaya depure la actuación de aforados antes de enviar el caso al Supremo
Rechaza que la jueza vaya a «demonizar» a políticos y sindicatos por investigar la trama de los ERE fraudulentos
SEVILLA.Actualizado:La Audiencia Provincial de Sevilla ha dado un balón de oxígeno a la jueza instructora de los ERE, Mercedes Alaya, al señalar en un auto que debe «apurar y depurar» la investigación antes de enviar el caso al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la posible implicación de aforados. Alaya ha sido cuestionada por la defensa de varios imputados sobre el hecho de que deje fuera a los aforados (diputados o miembros del Gobierno) de posibles imputaciones hasta el final de la investigación para no perder el sumario. Podría ser el caso del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de los consejeros Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila y del diputado nacional José Antonio Viera. Solo el TSJA o Supremo pueden imputarles y enjuiciarles.
La Audiencia, en un auto en respuesta al recurso de la defensa de José González Mata, dueño de la aseguradora Uniter, contra su auto de prisión del 18 de junio, se explaya y de paso da respuesta a las dudas sobre la controvertida instrucción de Alaya colocándose de parte de esta. Incluso advierte al abogado de «poder incidir en el terreno de lo delictivo» por sus manifestaciones poniendo en duda el proceder legal de la magistrada, lo que ha remitido a la fiscal jefe María José Segarra.
El abogado Juan Pedro Cosano criticó en su recurso la demora de Alaya «de decisiones evidentes que conllevarían la pérdida de la jurisdicción», en alusión a los aforados, haciendo hincapié en el caso del exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, señalado en las diligencias policiales. En su respuesta, el juez ponente, Juan Romeo, recuerda que los indicios de participación de una persona aforada «no implica 'per se' la automática asunción de la competencia» por parte del Supremo o el TSJA.
La Audiencia, según el auto al que ha tenido acceso este periódico, propone dos salidas. Por un lado, insta al aforado que piense que puede quedar involucrado a «salvaguardar su derecho de defensa poniéndose a disposición del juzgado para declarar». Por otro, insta a la jueza instructora a determinar los posibles delitos de los aforados: «Salvo que la conducta imputable al aforado sea escindible desde un principio de la del resto de los investigados, el Juzgado de Instrucción de origen debe apurar y depurar la instrucción practicando cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación no solo para acreditarlos sino también para determinar el grado de participación que en ellos hubiera podido tener la persona aforada, individualizando la conducta concreta que respecto a ese aforado pudiera ser constitutiva de delito y constatando también que haya algún indicio o principio de prueba que pudiera servir de apoyo a tal imputación».
Tal aseveración supone un rapapolvo a quienes sostienen que Alaya debe enviar el caso ya al Supremo si sospecha que hay aforados involucrados. El recurso de los letrados de la Junta contra el auto de imputación de los 20 cargos recriminaba la «selectiva» imputación de Alaya, en alusión a los aforados. En el terreno político, el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, instó a la jueza a remitir el sumario al Supremo cuanto antes con la convicción de que este daría carpetazo al asunto.
Rotativo sensacionalista
Cosano denunció que la juez pone en tela de juicio «el papel constitucional de los sindicatos» al acusarles de cobrar comisiones, a lo que la Audiencia responde que se trata «de una afirmación más propia del titular de un rotativo sensacionalista» y le recuerda que la jueza investiga una trama corrupta en la tramitación de los ERE diseñados para paliar los efectos de la crisis. «Esta instrucción no trata de demonizar a sindicatos, empresas, o políticos, sino que investiga a personas con nombres y apellidos que parece han podido participar en esa posible trama con absoluta independencia de pertenencia a un sindicato, empresa o partido político». De igual modo, rechaza que la jueza tenga como «oráculo» a la Guardia Civi.
El ponente confirma la fianza ya rebajada por la jueza a petición fiscal de 450.000 euros (era de 600.000 mil) a González Mata para salir de la prisión, pero le niega la libertad sin ella, considera justificado por qué fue enviado a la cárcel y rechaza que fuera un mero «invitado de piedra» en la trama corrupta.
González Mata está acusado por Alaya de los delitos de cohecho, malversación, prevaricación, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y asociación ilícita. El magistrado Romeo subraya que se le acusa de enriquecimiento ilícito. A través de sus empresas, entre ellas Uniter, llegó a percibir de la Junta 21,5 millones de euros por la mediación de los ERE, de los que al menos 13,3 millones lo fueron de forma ilegal. Llegó a atesorar 29 inmuebles desde 2001 a 2011.