El ladrillo invadió dos hectáreas diarias de costa durante 18 años

Tiene sentido que sea en esta época de chiringuito y chapuzón cuando Greenpeace aproveche para poner el foco de atención sobre la presión urbanística que sufren las costas españolas. El dato que presenta la organización es escalofriante: España ha perdido costa natural a un ritmo de dos hectáreas por día durante dieciocho años. «Nos hemos comido el litoral», sentenció ayer Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de la asociación. Es el balance que hacen los ecologistas en un informe que recoge casi dos décadas de observaciones. Bajo el título 'Destrucción a toda costa 2013', el documento analiza miles de fotografías tomadas vía satélite en los años 1987, 2000 y 2005, a través del proyecto europeo Corine Land Cover, y toma como referencia una franja de 500 metros de distancia al mar.

Queda claro, por tanto, que «las cifras son conservadoras, teniendo en cuenta que el 'boom' urbanístico no cesó hasta 2008», apuntó María José Caballero, directora de Campañas de Greenpeace. En este sentido, la organización echa mano de la prospectiva y asegura que si se siguiera construyendo a este ritmo «en 124 años» la famosa ardilla podría cambiar los árboles por el hormigón y «cruzar la costa mediterránea, de edificio en edificio, gracias a un litoral totalmente colapsado».

No en vano, este tramo de costa es el más castigado de España, con un 43% de ocupación artificial. En términos generales, la comunidad autónoma con el litoral más deteriorado es la valenciana, con el 51% de su superficie costera construida; seguida por Cataluña, con el 44%, y Andalucía, con el 36%. El estudio también reconoce aquellas comunidades que han hecho un buen papel a la hora de proteger su línea de playa y concede al Principado de Asturias el primer premio, con solo un 9% de la costa artificial. A sus arenales y acantilados siguen los de Cantabria, con un 14% de superficie construida, y los del País Vasco, con un 15%.

El documento de Greenpeace también hace hincapié en los municipios y comunidades que se subieron al carro de la burbuja inmobiliaria. En este punto, la Comunidad Valenciana vuelve a destacar, con un 43% de la superficie costera ocupada en esos 18 años, junto a las Islas Baleares, con un 37%, y las Canarias, con un 36%. Al observar los datos por municipios, Castellón, con un 74% de destrucción costera en 18 años; Valencia, con un 71%, y Almería, con un 39%, son las provincias que con más rapidez han destruido suelo costero durante los 18 años que recoge el estudio.

Con cierta sorna, el informe se permite otorgar los 'Premios a la Burbuja Inmobiliaria de Oro' y confecciona un 'top ten' con los «municipios que no deben servir de ejemplo», según indicó Marcos. Son Calpe (Alicante), Calvià (Mallorca), Chiclana de la Frontera (Cádiz) -que pasa de los 80.000 habitantes censados a 300.000 en verano-, Cubelles (Barcelona), Oliva (Valencia) -la localidad española en la que más ha aumentado la urbanización en primera línea de playa, dice Greenpeace-, Oropesa (Castellón), San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), San Josep de sa Talaia (Ibiza), Vera (Almería) y Zierbena (Bizkaia).

La ley de costas

La organización aprovechó la presentación del estudio para criticar la nueva ley de costas aprobada por el Gobierno, que «permite que se reduzca la protección de 100 a 20 metros en determinados tramos de costa» y cuyo espíritu, según señaló María José Caballero al inicio de su intervención, es «convertir la costa en un solar para construir de forma arbitraria». Un argumento que Marcos no dudó en defender: «La nueva ley nos preocupa enormemente porque nos está devolviendo a los años 60 en materia de protección ambiental, estamos retrocediendo a pasos agigantados». El problema ahora es que, pese a que la construcción se ha detenido por la crisis, «hay mucho suelo que ya está rotulado como urbanizable y que está esperando a tiempos mejores para poder construir».

En este sentido, Caballero ha destacado que «en un momento en que la locura constructora se ha parado, la destrucción de las costas no se ha ralentizado». A su juicio, lo que está sucediendo tiene mucho que ver con cómo los Ayuntamientos costeros han gestionado sus terrenos. Dice Caballero que la costa «no puede ser privatizada» y que es «un bien publico que todos tenemos derecho a disfrutar. Un valor único, estratégico e irremplazable cuya conservación es la llave del desarrollo a medio y largo plazo». Finalmente, Greenpeace ha cifrado en 140 millones de euros el gasto público en 2012 por «la mala gestión» de las costas españolas.