La oposición critica en bloque las formas «absolutistas» de PP y PA

Un gran descontento es el que hay en la oposición. PSOE, IU e IP criticaron ayer el «atropello» que están sufriendo por parte del Gobierno local de PP y PA.

El último capítulo se ha vivido esta semana, con la convocatoria «urgente» y «extraordinaria» del Pleno que se celebra hoy a partir de las 9.00 horas. Según los grupos de la oposición, la convocatoria y el acceso a la información no ha contado «con las 48 horas que dice el reglamento», afirma la concejal de IP, Silvia Gómez.

El portavoz de IU, Antonio Fernández, apunta que la labor fiscalizadora de la oposición está sufriendo continuas trabas. Así, mantiene que la intención del «bipartito» es «tensionar en exceso los plenos», hasta el punto de que «lo único que les queda es que nos expulsen y se queden solos».

Por su parte, David De la Encina (PSOE), apunta que la celeridad no ha sido justificada por parte del equipo de Gobierno. «Una concejal ha llegado a decir que el Pleno se celebraba 'porque sí'», algo que a su modo de ver responde a una forma de hacer política «absolutista» y «radical».

La oposición subraya que su rechazo a la urgencia se debe a que «no nos dan tiempo para preparar la documentanción e incluso apoyar algunos de los 21 puntos que son importantes para la ciudad». Entre estos están la «futura concesión a 20 años» del Centro de Recuperación Ambiental (CRA), la liquidación de las cuentas de los autobuses y la gestión del Centro de Recepción y Reciclaje de Residuos (CRR).

Sobre el último aspecto, la edil de Medio Ambiente, Marta Rodríguez (PP), destacó ayer que «se vuelve a sacar un nuevo pliego ya que la adjudicación del contrato de la gestión del servicio público de Recogida selectiva de residuos, del servicio de recogida de residuos industriales, y de la gestión de la Planta Municipal de Clasificación de Envases y Residuos de Envases (CRR), acordada por la mesa de contratación el pasado 19 de abril y ratificada por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión del 7 de marzo, quedó anulado por una resolución emitida por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del 18 de abril, ante los errores de las tres empresas en la redacción de sus ofertas».