Menos del 5% de las empresas logran salvarse tras entrar en concurso

El objeto principal de la ley concursal no es salvar las empresas, sino satisfacer a los acreedores. Es lo que señala la propia norma en su preámbulo, aunque la impresión más extendida es precisamente la contraria. Y así lo avalan las cifras que manejan los expertos, desde el Registro de Economistas Forenses (Refor) hasta los despachos especializados, que apuntan que menos de un 5% de las sociedades que entran en este tipo de procedimientos logra finalmente salvarse del cierre.

«El gran hándicap es que se pensó en una época de bonanza», apostilla Jordi Grasi, experto de Ernst & Young Abogados. Lo cierto es que casi a un año vista de que cumpla su décimo aniversario -lo hará el 1 de septiembre de 2014- su uso ha sufrido un fuerte auge en los últimos años, con la única excepción de 2010 (5.962 concursos, su cifra más baja desde el comienzo de la crisis).

Aunque entre abril y junio los procedimientos declarados por los juzgados de lo mercantil (2.614, de los que 206 fueron personas físicas) se redujeron un 8,4% respecto a un comienzo de año históricamente alto (45 concursos por día), cualquier comparativa con los ejercicios anteriores evidencia un aumento notable, por ejemplo, un 12,3% respecto al mismo período de 2012. Y si tomamos todo el primer semestre (5.208 casos), el crecimiento es de casi el 20% sobre el segundo del año pasado, y del 16,7% respecto al período enero-junio.

Los expertos, sin embargo, estiman que el recurso a la ley concursal en España es aún muy reducido entre los deudores en comparación con lo que ocurre en Europa. Así, por ejemplo, mientras en España apenas hay 15 concursos por cada 10.000 empresas, en Japón y Alemania se rozan los 90, en EE UU los 100, en el Reino Unido los 140 y en Francia los 220. La tasa española es la segunda más baja de la zona euro -solo por encima de Grecia (10 por cada 10.000 sociedades)- y una de las más reducidas de toda la UE -Polonia encabeza esa lista, con apenas 2-, por debajo incluso de Italia (25), Portugal (37) e Irlanda (86), otros países muy afectados por esta crisis.

Récord insuficiente

La previsión para el cierre de 2013, según los especialistas referidos, es que se superen con creces los 10.500 concursos declarados, lo que sería un nuevo máximo histórico. Pero aún así quedarían lejos de las cifras que se manejan en las grandes economías continentales, como Alemania (30.000 al año), Reino Unido (33.000) o Francia (50.000). La única comparación cercana en número sería Dinamarca (7.200), cuyo volumen de población y peso económico en la UE son mucho menores.

«El problema en España es que se llega tan tarde a la vía concursal que, con frecuencia, la fase de agotamiento financiera de la sociedad es tal que ya no hay solución posible», advierte Javier Fontcuberta, profesor de Derecho Privado de Esade y socio del despacho Cuatrecasas. «Llegan casi para ser enterradas», añade Grasi, quien coincide con sus colegas en que cuando la Ley Concursal se aprobó en 2003 «se vendió» más como un «hospital de empresas» y, por el contrario, al final ha terminado por ser su «forense».

Donde sí discrepan los expertos consultados es sobre la importancia de los cambios que quedan por realizar en una norma que ya sufrió dos grandes reformas en 2009 y 2011; en total, casi tres cuartas partes de su articulado fueron retocadas entonces. Existe un consenso generalizado en, por un lado, terminar con el «estigma» que supone un concurso para la imagen de la empresa y sus dueños -sobre todo, en las pymes- y, por otro, mejorar la vía preconcursal, el paso previo al juzgado donde existen dos alternativas: renegociar la deuda con los acreedores o ejecutar las hipotecas pendientes sobre los bienes de la empresa, garantías habituales en los bancos.