La juez Alaya imputa a dos hijos de Ruiz-Mateos en el 'caso de los ERE' de Andalucía

Mercedes Alaya, la juez que instruye el 'caso de los ERE' fraudulentos en Andalucía, se ha ido de vacaciones con un nuevo paso en la investigación del escándalo de corrupción: la imputación de otra veintena de personas, entre ellas dos de los hijos de José María Ruiz-Mateos. El caso, que comenzó a instruirse a finales de 2010, acumula ya 116 implicados, entre ellos los exconsejeros de Empleo y Hacienda, ex directores generales de Trabajo y numerosos ex altos cargos de la Junta, además de empresarios, abogados y responsables de empresas mediadoras.

Fuentes judiciales confirmaron ayer que el último auto de la juez, del 31 de julio y en el que no pone fechas para declaración o posibles delitos, abandona la investigación sobre el origen de las ayudas -de corte más político- y se centra de nuevo en los beneficiarios de las mismas, que las recibieron de forma discrecional y sin ningún control o fiscalización, en ocasiones incluso sin haber trabajado para la empresa que formalizaba una reestructuración.

Así, y a raíz de un informe policial remitido al juzgado el pasado diciembre, la juez ha imputado a 23 personas, entre ellas varios 'intrusos' y directivos de las empresas Intesur, Saldauto, SOS Cuétara, Cespa y Matadero de Fuenteovejuna. Alaya también señala a personas vinculadas a las ayudas recibidas por la empresa Hijos de Andrés Molina (Hamsa), de Jaén; Hitemasa, de Málaga; Sociedad Anónima Manufactura Española del Corcho (Samec); Cenforpre, vinculada al exfutbolista Pizo Gómez (ya imputado), o la empresa granadina Dhul, relacionada con el grupo empresarial Nueva Rumasa.

Hotel Cervantes

La parte más llamativa del nuevo auto es la implicación de dos de los hijos del empresario Ruiz-Mateos, Javier y Pablo, por el ERE realizado con el Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), propiedad del conglomerado familiar. No es la primera vez que el nombre de los Ruiz-Mateos aparece en este caso de corrupción, ya que se acogieron al paraguas de la Junta para realizar cinco reestructuraciones en cuatro de sus empresas. Cada uno de los ERE fue tramitado en escaso plazo y en todos ellos intervino el exsindicalista y «conseguidor» Juan Lanzas, encarcelado en marzo.