Los ciudadanos atrapados

Los ciudadanos suelen ir por delante de sus instituciones. Hace muchos años que los residentes en Gibraltar y los vecinos de la comarca gaditana colindante mantienen una relación cotidiana en todos los frentes posibles, desde el laboral, al comercial, el familiar y el turístico.

Sin embargo, esa normalidad es entendida como un atentado por la mayoría de los gobernantes gibraltareños, obsesionados con mantener unas peculiaridades que sólo son beneficiosas para una minoría y que consisten básicamente en otras reglas del juego políticas, internacionales y financieras.

Cada tanto tiempo, esos dirigentes tensan la cuerda para recordar las diferencias que tanto les convienen y les importa poco arrasar con todos los vínculos, ellos van a lo suyo. España, de forma cíclica, se ve obligada a defender a sus pescadores, a los trabajadores que van a la colonia y a los funcionarios públicos que vigilan una de las pocas fronteras ajenas al Tratado Schengen que aún sobreviven en la Península Ibérica. La única fórmula para hacerlo es recordar precisamente esa condición, la fronteriza, que se traduce en mayores controles en el paso de personas y vehículos de un lado a otro. Cuando ejerce esa obligación, lamentada históricamente, tanto los dirigentes gibraltareños como los británicos se echan las manos a la cabeza y se hacen las víctimas para poder perpetuar las ventajas con las que juegan, desde siempre, en el tablero geopolítico y estratégico de Europa.

Mientras vuelve a resolverse el pulso, en el que el Gobierno de Mariano Rajoy no hace más que cumplir con sus obligaciones con la prudencia, quizás excesiva, que siempre se aplica al Peñón, son esos miles de ciudadanos los que pagan las consecuencias, bien por no poder pescar para sobrevivir, bien por no poder ir y venir durante sus jornadas laborales o sus viajes particulares.