Bruselas media para evitar que vaya a más la crisis abierta por Gibraltar

La posibilidad planteada de cobrar una tasa de 50 euros por la entrada y salida de Gibraltar o el cierre del espacio aéreo avanzados por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha encendido aún más si cabe las ya de por sí deterioradas relaciones entre los Gobiernos de España y Gibraltar, ensombrecidas desde hace año y medio a consecuencia de la prohibición por parte de las autoridades del peñón de faenar a los pesqueros españoles en unas aguas que una y otra parte reclaman bajo su soberanía.

Esta nueva crisis diplomática ha obligado a la Unión Europea a tomar cartas en el asunto. Bruselas reconoció ayer el derecho de España a realizar controles policiales en los accesos al peñón al no tratarse de un espacio Schengen de libre circulación para los ciudadanos europeos, aunque exigió que estos se lleven a cabo de forma proporcionada.

La Comisión Europea citó además a España para una próxima reunión en septiembre con el fin de desbloquear la situación tras, se afirmó, haberse recibido múltiples quejas ciudadanas por los controles policiales realizados en la frontera y que han llegado a demorar hasta en cuatro horas el acceso a la colonia. En una entrevista al diario ABC García-Margallo no solo justificó la legalidad de los controles con el fin de frenar el contrabando sino que aseguró que irán a más en el futuro. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo De Benito, fue el encargado ayer de responder a la Comisión. Rechazó que los controles sean discriminatorios y destacó que responden a la normativa de la Unión Europea.

Mientras, desde Londres se acusa a España de llevar a cabo estas inspecciones como protesta por la decisión de la colonia de haber arrojado 70 bloques de hormigón al mar con el fin de crear un arrecife artificial. Estas estructuras vienen a dificultar la pesca de los barcos españoles en lo que los marineros gaditanos han definido como un paso más por parte de Gibraltar para impedir que faenen en las aguas de la bahía de Algeciras.

Lejos de intentar rebajar la tensión el ministro principal de la colonia, Fabian Picardo, echó ayer más leña al fuego y acusó a España de emplear modos más semejantes a Corea del Norte que a los de una democracia europea. Llegó incluso a denunciar actitudes por parte del Gobierno español propias de la época franquista. «Este fin de semana hemos sido testigos de ruido de sables, un ruido que no habíamos oído desde hace tiempo. Las cosas que ha dicho García-Margallo recuerdan al tipo de declaraciones que esperas oír de Corea del Norte, no de un socio de la UE», aseguró en una entrevista a la BBC. «Creo que todos esperábamos que estas políticas nunca volverían», añadió Picardo.

Las acusaciones del ministro principal hacia Madrid recibieron el apoyo explícito del Ejecutivo británico. Un portavoz del primer ministro David Cameron expresó la preocupación de Londres ante los controles en la verja que rodea la colonia, que calificó como «desproporcionados». En cualquier caso, se insistió en que desde España no se había informado de la adopción de ninguna medida como el cobro de tasas. Las palabras más beligerantes pronunciadas desde el Reino Unido con relación a la posición española llegaron desde la formación ultraderechista UKIP, que emplazó al Gobierno británico a enviar una fragata de guerra con el fin de «dejar claro que Gibraltar es británico».

Críticas del PSOE

En España tanto PSOE como Izquierda Unida criticaron la actitud del Gobierno y en especial la de García-Margallo, a quien se culpó de agravar el conflicto. Desde las filas socialistas su secretario de Relaciones Institucionales, Antonio Hernando, denunció que los controles en la frontera solo perjudican a los trabajadores y emplazó al Gobierno a entablar un diálogo con el Ejecutivo gibraltareño con el fin de encauzar las relaciones. Hernando exigió a Exteriores el cese de un comportamiento basado en «bravuconerías» y «exabruptos». José Luis Centella, diputado de IU, registró en el Congreso una solicitud de comparecencia de García-Margallo para que dé cuenta de la evolución de esta crisis diplomática. Centella, que asemejó al igual que Picardo el cobro de una tasa por el acceso al peñón con una fórmula propia del franquismo, opinó que la política puesta en marcha por el Gobierno solo viene a perjudicar a los españoles que a diario cruzan la verja.

El Gobierno sí encontró el apoyo de UPyD. La líder de esta formación, Rosa Díez, calificó como «estupendo» que Exteriores muestre firmeza para rebajar «las ganas de provocar tensión a quien siempre la provoca», en una clara alusión a las autoridades gibraltareñas. En esta línea, Díez abogó por no permitir «más tomaduras de pelo».