Las comunidades deberán gestionar los servicios sociales

Las comunidades autónomas deberán hacerse cargo de los centros de servicios sociales municipales en el plazo de un año. En caso contrario, verán descontada la cuantía correspondiente en las transferencias del Estado. Con esta medida, contemplada en la ley del régimen local, el Gobierno pretende asegurar el funcionamiento de estos servicios después de que la normativa quitara la competencia sobre estos servicios a los ayuntamientos en favor de las comunidades. Una modificación que ha desatado el rechazo de unos trabajadores sociales que ven en la medida una maniobra del Ejecutivo para desmantelar estas prestaciones.

Los trabajadores sociales están convencidos de que los ayuntamientos, por ser la administración más cercana y próxima al usuario, son los mejores gestores de estos servicios. «Coincido con eso. He sido concejal y por nivel de proximidad y eficiencia en la gestión las políticas sociales se gestionan mejor en los ayuntamientos», asegura el secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno. Sin embargo, reconoce que los últimos estatutos de autonomía han establecido que los servicios sociales son competencia exclusiva de las comunidades autónomas. En su opinión, el objetivo de la ley es evitar duplicidades para ganar en eficacia. «Había servicios sociales paralelos. Había residencias medio vacías, una de titularidad municipal y otra autonómica», explica.

Unos argumentos que no convencen a la denominada 'marea naranja'. Y es que los trabajadores sociales también temen que con esta medida se pierdan miles de empleos. Por eso recuerdan la importancia de un sector en el que solo en el servicio a domicilio trabajan 150.000 personas y del que se benefician 600.000 usuarios.

Sin embargo, desde el Gobierno niegan que se vayan a perder empleos por estas medidas. «Estoy absolutamente convencido de que no hay ningún riesgo. Nadie quiere desmantelar el sistema», concluye Moreno.