España ya avisó en la ONU que iba a dar un giro a su política en Gibraltar

Aquella sesión pasó desapercibida para casi todo el mundo. Fue el martes 9 de octubre de 2012 en Nueva York. Era una tediosa reunión más de la Comisión Política Especial y de Descolonización de la ONU. Pero allí, en el único foro en el que España tenía la oportunidad de coincidir con una representación oficial de Gibraltar, el Gobierno de Mariano Rajoy, por primera vez, advirtió directamente a las autoridades del Peñón que su política hacia la colonia iba a dar un vuelco y que no hacía suyo el foro tripartito con representación de la colonia que había avalado el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

La diplomacia española insiste en que el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, sabía de esas advertencias, sobre todo porque él en persona estuvo en esa reunión de Naciones Unidas en la que escuchó de boca del embajador española Fernando Arias González que el Ejecutivo del PP solo estaba dispuesto a negociar con el Reino Unido por ser la «potencia administradora», y en modo alguno con los representantes de la colonia. Es más, que esas conversaciones, de producirse, solo tendrían como objetivo la «restitución tanto del territorio cedido por España conforme al Tratado de Utrecht, como del ocupado posteriormente por el Reino Unido sin título ninguno».

El Ejecutivo español esgrime las actas de aquella reunión, a la que ha tenido acceso este periódico, para defender que las nuevas medidas de control en la frontera que están provocando largas colas y las anunciadas por Exteriores no son una «represalia improvisada» a la decisión de las autoridades del peñón de lanzar bloques de hormigón el pasado 25 de julio en las aguas que rodean a la colonia, impidiendo que los barcos españoles faenen en sus caladeros habituales.

Exteriores insiste en que la nueva política hacia la colonia ha sido una «decisión muy meditada» y que se viene trabajando en ese cambio de rumbo desde el aviso en la ONU, después de constatar que la llegada de Picardo al poder en diciembre de 2011 llevó emparejada de forma automática una campaña de acoso a los pesqueros y los constantes hostigamientos de la Royal Navy a la Guardia Civil.

«Actos de agresión»

En su intervención ante la ONU, el propio ministro principal gibraltareño acusó a España de usar el «centenario» tratado de Utrech «para justificar incursiones en las aguas territoriales británicas» y calificó esas actuaciones de «continuos actos de agresión» por parte de España. A pesar de los ataques, Picardo dijo estar dispuesto a sentarse en el foro de diálogo trilateral «ahora repudiado» (sic) por el Gobierno de Rajoy.

La respuesta del representante español fue tajante: Gibraltar, según el Tratado de Utrecht, «carece de aguas territoriales» y el Ejecutivo solo iba a hablar con Londres del futuro de la colonia.

Y el anuncio de esa suspensión de ese foro trilateral -entiende el Gobierno- tenía, por fuerza, que conllevar también la revisión de los acuerdos de Córdoba, como se conocen los pactos de aquellas reuniones. Por lo pronto, el Ejecutivo español ya se plantea imponer restricciones de vuelo al aeropuerto de la colonia o revocar la conexión de 60.000 líneas telefónicas al peñón.

Además, tal y como ha anunciado el ministro, José Manuel García-Margallo, en un entrevista en 'ABC', el Ejecutivo estudia imponer una tasa de 50 euros para entrar y salir de la colonia, que se destinará a los pescadores, además de inspeccionar a los 6.000 gibraltareños que viven en España, fundamentalmente en Soto Grande, pero que tiene residencia oficial en el peñón, donde apenas pagan impuestos.