El maquinista del Alvia podría eludir la cárcel aunque resulte condenado

La investigación judicial por el descarrilamiento del Alvia que costó la vida a 79 personas y dejó más de 150 heridos no ha hecho más que comenzar. Por delante resta una importante labor de investigación sobre el suceso, que desembocará en un juicio en el que a priori todo apunta a que se procesará al maquinista del tren, Francisco José Garzón, imputado por 79 homicidios imprudentes y pluralidad de lesiones.

Según establece el artículo 142 del Código Penal, «el que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años». Respecto a las lesiones, el texto establece condenas que, según el grado que alcancen, suponen entre tres meses y tres años de reclusión.

Pese al camino judicial que falta por recorrer, el examen de otras condenas impuestas en descarrilamientos por imprudencia permite barajar la posibilidad de que, aunque resulte a la postre condenado, Garzón no llegue a ingresar en prisión. No lo hará si se considera que su caso es un 'concurso ideal de delitos'. Este término, regulado en el código penal, se da cuando en una sola acción u omisión se engloban uno o más delitos. El supuesto encaja con que una única imprudencia de Garzón causó las 79 muertes así como las múltiples lesiones.

De ser finalmente juzgado y encontrado culpable, el tribunal deberá inclinarse por una de dos opciones. La primera de ellas consiste en juzgar los delitos por separado e imponer un pena por cada uno de ellos, las cuales se acumulan. A la suma de años habría que añadir además el castigo por las lesiones.

Pero, según establece la legislación, también existe la posibilidad de dictar una única pena y que esta sea por el delito más grave, en este caso el homicidio imprudente. Esta opción conlleva como máximo cuatro años de privación de libertad.

La pena de prisión, sea cual fuera, iría en el caso del maquinista acompañada de una inhabilitación de tres a seis años para el ejercicio de su profesión.

Los precedentes

Los mayores descarrilamientos con víctimas en la historia reciente de España se han saldado con condenas por imprudencia, aunque estas no se tradujeron en el ingreso en prisión de los penados.

El 31 de marzo de 1997 un Intercity descarriló en la localidad navarra de Uharte Arakil. La sentencia condenó a dos años y seis meses de prisión al maquinista por 18 delitos de homicidio por imprudencia grave y otros 80 de lesiones. El tribunal lo consideró culpable de no haber reducido la velocidad tal y como exigía la señalización del tramo. El conductor no llegó a entrar en la cárcel porque fue indultado, aunque nunca volvió a estar a los mandos de una locomotora y realizó tareas de oficina para Renfe hasta que se jubiló.

El choque en 2003 entre un talgo y un tren de mercancías en la localidad albaceteña de Chinchilla se saldó con 19 muertos. En esta tragedia, en la que los maquinistas fallecieron, fue imputado por los homicidios imprudentes el responsable de la gestión del tráfico ferroviario en la estación de Chinchilla. Resultó condenado a dos años al ser encontrado culpable del accidente ya que él dio la orden de salida al talgo por la misma vía por la que circulaba el otro convoy. También eludió cumplir la pena de prisión al no contar con antecedentes penales.

Renfe y Adif

Más allá de la responsabilidad penal del maquinista en el descarrilamiento del Alvia el proceso también podría extenderse a Renfe y Adif. Por el momento el juez instructor Luis Aláez ya ha requerido información a ambas empresas públicas sobre el convoy, la normativa de personal de cabina, el estado de la vía, la señalización o el trazado de la curva de A Grandeira, donde se produjo el siniestro. En el caso de que la investigación judicial halle algún indicio de responsabilidad en Renfe o Adif, estas podrían verse implicadas en un proceso en el que posiblemente deberían hacer frente a indemnizaciones millonarias.