El PSOE recurre a una comisión de investigación para presionar a Rajoy

El PSOE, como adelantó en el debate celebrado el jueves en el Senado, no ha dejado pasar ni 24 horas para relanzar su ofensiva contra Mariano Rajoy por las revelaciones del 'caso Bárcenas' y para reiterar, un día más, la «urgencia» de que el presidente abandone el Gobierno por estar inhabilitado. Ya es la única opción política que contempla el primer partido de la oposición. El lema de «váyase, señor Rajoy» protagonizará, según sus propias previsiones, la estrategia opositora en la segunda mitad de la legislatura.

Los socialistas no están dispuestos a frenar la presión sobre el líder popular durante el mes de agosto y registraron ayer en el Congreso la solicitud para que la Diputación Permanente convoque en los próximos días un pleno extraordinario que, a su vez, apruebe la puesta en marcha de una comisión de investigación que indague todos los aspectos de la posible financiación irregular del PP y los presuntos vínculos con el presidente del Ejecutivo.

Alfredo Pérez Rubalcaba dejó claro el jueves que su partido tiene en este momento dos objetivos políticos prioritarios: no parar de demandar la dimisión de un Rajoy que creen hipotecado por Luis Bárcenas y que la dirección popular «diga la verdad» sobre el posible escándalo de corrupción interna destapado por el extesorero, ya que considera «evidente» que el jefe del Ejecutivo mintió en el Senado.

«Embustes y cuentos»

En opinión del secretario general del PSOE, la intervención de Rajoy no fue más que una sarta de «embustes y cuentos» con la que quiso tapar los mensajes de móvil que se cruzó con Bárcenas hasta enero pasado y que, en su opinión, por sí solos, «desmontan todo el rompecabezas de mentiras» con el que entiende que el presidente del Gobierno trató de desviar la atención de la financiación irregular del PP y del cobro de sobresueldos por sus dirigentes.

«Ante la disyuntiva de parecer ingenuo o parecer cómplice optó por lo primero, aunque al hacerlo nos tomara por ingenuos a millones de ciudadanos», señaló en una página Facebook, en la que resta toda veracidad al argumento de Rajoy de que solo defendió a su extesoro hasta que supo que tenía millones de euros ocultos en Suiza.

La comisión de investigación que reclama el PSOE, y que casi con toda seguridad se estrellará contra la mayoría absoluta popular en el Congreso, pretende clarificar cinco grandes aspectos de la maraña que ya es el 'caso Bárcenas'.

En primer lugar, busca determinar si el PP, como indicó Luis Bárcenas en la Audiencia Nacional y apuntan sus manuscritos, tuvo durante dos décadas una contabilidad B que ocultó al Tribunal de Cuentas, procedente en su mayoría de las donaciones irregulares realizadas por importantes empresarios contratistas con las administraciones públicas y que habría permitido el pago de sobresueldos a miembros de las diferentes cúpulas nacionales del partido.

El segundo aspecto que quiere determinar el PSOE es si toda esta presunta infraestructura financiera opaca puesta en pie desde los años ochenta por los sucesivos tesoreros era conocida y tolerada por los dirigentes populares.

La tercera línea de investigación propuesta en el documento está orientada a intentar saber si Rajoy y otros dirigentes populares vulneraron la ley de incompatibilidades al cobrar del partido sobresueldos en negro incluso cuando ya eran ministros de José María Aznar, como consta en los 'papeles de Bárcenas'.

La cuarta pata propuesta en el trabajo de investigación parlamentaria pretendería esclarecer si el PP violó la ley electoral general, al no declarar parte de sus gastos en las distintas campañas, que procederían de las donaciones en negro y en metálico de los citados empresarios.

La última línea de investigación sería averiguar si diputados y senadores del PP vulneraron en la ultima década sus incompatibilidades y mintieron en las declaraciones de actividades al compatibilizar sobresueldos no comunicados a ambas cámaras con las remuneraciones públicas que todos ellos recibieron como parlamentarios.

El PSOE propone que la comisión, que con seguridad será vetada, se forme por tres miembros del PP, otros tantos del PSOE y uno más por cada grupo parlamentario (CiU, IU, UPyD, PNV y Mixto). El equipo de trabajo tendría tres meses prorrogables para realizar su trabajo, que se reflejaría en un dictamen de conclusiones con posibilidad de votos particulares. Aunque la composición no respetaría la proporción de escaños del Congreso, si lo haría el sistema de voto, donde siempre tendría mayoría el PP.