El Gobierno cambia las reglas de juego de los colegios profesionales

El Gobierno dio ayer el primer paso formal para cambiar las reglas del juego de los colegios profesionales, como le han pedido con reiteración organismos como la Comisión Europea, el FMI y la OCDE. La clave pasa por introducir más competencia en estas actividades del sector de los servicios, acotando la afiliación obligatoria a los ámbitos donde sea necesario preservar la seguridad física o jurídica del usuario como el sanitario (médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos, enfermeros, fisioterapeutas, ópticos y podólogos), el jurídico (abogados, procuradores, graduados sociales, registradores y notarios) y algunas profesiones técnicas (en aquellos trabajos que exijan visado).

Desde el Ministerio de Economía, impulsor de un paquete de modificaciones que ya comprometió el Ejecutivo ante Bruselas a finales de abril en su Plan Nacional de Reformas, sostienen que en la medida que se eliminan restricciones al ejercicio de esos servicios profesionales, también se impulsarán tanto su competitividad como la calidad. Y, dado que hablamos de un segmento de negocio que representa casi el 9% del Producto Interior Bruto (más de 93.000 millones de euros) y genera el 6% del empleo total (más de 1,1 millones de trabajadores), estima que esta liberalización permitirá un crecimiento adicional del PIB de entre el 0,5% y el 1%, alrededor de 7.000 millones de euros a medio y largo plazo, según lo cuantificó el propio titular del departamento, Luis de Guindos, tras el Consejo de Ministros.

De Guindos, sin embargo, no concretó el origen de esa mejora de la actividad económica, puesta en duda por los afectados. Así, el presidente de Unión Profesional -que agrupa a las actividades colegiadas-, Carlos Carnicer, advirtió de que suprimir los requisitos de ejercicio «apenas produciría un aumento de operadores en un mercado que ya presenta una densidad competitiva elevada» y donde los requisitos, «aunque mejorables» -reconoció-, «están lo suficientemente ajustados y en línea con los parámetros europeos».

Tarifas mínimas

En cuanto a las tarifas mínimas que imponen los colegios a cualquier ciudadano que contrate los servicios de uno de sus profesionales, Carnicer puso en duda que reducir esos márgenes hasta en un 10% -como pretende el Gobierno- vaya a generar un crecimiento del 1% en el PIB. «Es más que discutible porque nuestros precios han experimentado un severo ajuste los últimos años», replicó a la tesis oficial. Por ahora, sólo se ha anunciado la eliminación de los aranceles fijos en los procuradores.

El anteproyecto de la Ley de Colegios y Servicios Profesionales , que será informado por el Consejo de Estado y otros organismos antes de ser ratificado por el Ejecutivo y enviado en otoño (ya como proyecto) al Parlamento, prevé que coexistan colegios de pertenencia obligatoria y voluntaria. Sin embargo, únicamente la pertenencia a los primeros será habilitante para el ejercicio de una profesión o de ciertas actividades.

Para el resto, será una ley (estatal o autonómica) la que establezca las restricciones de acceso a una actividad según la cualificación que ostenten y de acuerdo con «motivos de interés general, proporcionado y no discriminatorio». Los colegios, que deberán separar los servicios obligatorios de los voluntarios y clarificar sus cuotas, tendrán un régimen de incompatibilidades respecto a los cargos públicos y un único código deontológico nacional. Además, deberán realizar auditorías anuales de sus cuentas, que habrán de publicarse y someterse a la aprobación del Ministerio correspondiente.