La defensa de Hernán Díaz recurre la sentencia del 'caso Pinar de Coig'
Ecologistas en Acción siempre ha defendido que se permitió una «operación especulativa a gran escala» por lo que pedía una condena por prevaricación
EL PUERTO. Actualizado: GuardarEl conocido como 'caso del Pinar de Coig' sigue abierto. Y todo pese a que la condena dictada en su día contra el exalcalde Hernán Díaz y el exconcejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez -ambos de IP- fue sensiblemente menor de lo pedido por la acusación particular y la Fiscalía.
Ahora, la defensa del exregidor portuense ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Cádiz la sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 que le condenaba, junto a Juan Carlos Rodríguez, a 15 meses y un día de inhabilitación por un delito de omisión del deber de perseguir delitos. Así lo ha indicado el abogado del exalcalde Felipe Meléndez, quien recuerda que la acusación particular, ejercida por Ecologistas en Acción, solicitaba cuatro años de prisión y nueve de inhabilitación por delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio.
La Fiscalía, por su parte, pedía dos años de cárcel y nueve de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.
Cabe recordar que se acusaba a ambos responsables municipales de haber permitido la construcción de viviendas ilegales en la zona del Pinar de Coig.
Señala el abogado de la defensa que la sentencia dictada establecía que no procedía prevaricación y tampoco el delito contra la ordenación del territorio. Así, se falló una condena por omisión del deber de perseguir delitos, motivo por el que se fijó una pena de 15 meses y un día de inhabilitación.
Meléndez explica que basa su recurso en que «no se puede condenar a alguien por un delito que no se ha pedido por las acusaciones» y porque entiende que «no hay pruebas» para condenarlo por el delito que fija la sentencia.
El Ministerio Fiscal también ha recurrido la sentencia y pide que se les condene por prevaricación.
El Pinar de Coig es un bosque de alto valor ecológico protegido como Sistema General de Espacios Libres (SGEL) tanto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de El Puerto como en el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Bahía de Cádiz, «y que debería haberse expropiado y adecuado como parque público por el Ayuntamiento», según Ecologistas en Acción.
Este colectivo afirma que «en el año 2000 se inició una operación especulativa a gran escala, con la parcelación y urbanización del pinar, con el consentimiento de los máximos responsables municipales, que llegaron a autorizar la instalación de la red de agua potable y de la red eléctrica».