El 90% de los municipios se verán afectados por la reforma de la administración local

El Gobierno andaluz estudia medidas para contrarrestar el anteproyecto de ley de la reforma de la Administración Local, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado viernes. El Consejo de Gobierno mostró ayer su rechazo a una norma que nace «sin acuerdo y sin consenso político ni territorial», según su portavoz, Miguel Ángel Vázquez. Entre las medidas, la Junta no descarta un recurso ante el Tribunal Constitucional por entender que invade competencias autonómicas. Encargará a los servicios jurídicos de la Junta un estudio sobre dicha posibilidad.

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Administración Local, Diego Valderas, entregó un informe sobre el impacto que la norma tendría en los 771 municipios andaluces. La principal conclusión es que el 89,6% de ellos verán afectadas sus competencias por la reforma.

La norma amenaza con la pérdida de autonomía y autogobierno a los de menos de 20.000 habitantes, que suman una población de más de tres millones de personas. Según Valderas, el anteproyecto de ley implica una recentralización y control por parte del Gobierno que afectará a 691 de los 771 ayuntamientos andaluces. Estas pequeñas y medianas poblaciones podrán perder gran parte de sus competencias a favor de las diputaciones provinciales, de acuerdo con lo previsto por la norma estatal. De estos municipios, 509 tienen menos de 5.000 habitantes (66% del total) lo que significa que podrán ser disueltos e intervenidos de forma unilateral.

Reacciones de la FAMP

En su análisis, Valderas califica de «inadmisible» que el Gobierno justifique la norma con el ahorro de 8.000 millones de euros cuando la reforma pondrá en riesgo alrededor de 40.000 empleos en Andalucía, tanto por la pérdida de competencias como por las privatizaciones de servicios que propicia.

La Junta presentará alegaciones y pedirá a la Federación Andaluza de Municipios que haga lo propio. Su presidenta, Ángeles Muñoz, se mostró ayer partidaria de «sumar en positivo» sobre la norma, que considera imprescindible para racionalizar la actividad local, sus competencias y su financiación.

Muñoz se mostró partidaria de hacer aportaciones para «mejorarla», pero no de la crítica por la crítica, porque se trate de una normativa elaborada por el Partido Popular. Recordó que el PSOE la reivindicó.