Economía reconoce que el IBI suele cobrarse «a la propiedad»

«El IBI se grava a la propiedad, que es la primera obligada, en este caso Suvipuerto». Son palabras de Leocadia Benavente (PP), concejal de Economía, quien no obstante no entra en la aplicación de la normativa a la que se agarra la empresa municipal de vivienda para trasladar el pago de dicho tributo a los inquilinos de los inmuebles de titularidad municipal.

La edil, con la pretensión de no entrar en polémica con el PA -socio de Gobierno del PP en el Ayuntamiento-, no entra a valorar la aplicación de la norma. «Corresponde aclarar su aplicación a Suvipuerto», reseña.

Benavente lamenta «la pelea continua» que se está dando, ya que «se está intentando dar una solución». La concejal recuerda que «la solución propuesta por IU en el Pleno no es viable legalmente» pese a lo que se sigue buscando la manera de reducir la cuota del tributo para los contribuyentes. «IU reconoció después que la bonificación del 95% solicitada es para actividades de carácter económico, no para viviendas»».

Por su parte, tras la denuncia realizada el lunes por Independientes Portuenses, la empresa municipal Suvipuerto dio ayer su versión sobre la respuesta dada en mayo a una consulta realizada por la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz en relación con varias cuestiones relacionadas con el Registro de Demandantes de Vivienda Pública, planteadas ante este organismo por la Asociación de Arrendatarios de las Viviendas Municipales.

Antonio Jesús Ruiz (PA), vicepresidente de Suvipuerto, afirma que «el escrito remitido detalla las novedades legislativas en la regulación de los registros». Así, dice que por lo que respecta al IBI se cita que «en lo relativo a la repercusión del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, esta modificación viene amparada por lo dispuesto en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, que permite al arrendador exigir al arrendatario el total del importe de la cuota que corresponda al inmueble arrendado».

Ruiz exige a IP «que deje de hacer interpretaciones libres y deje trabajar a los técnicos que están estudiando la viabilidad de una bonificación de este impuesto». Así, recuerda que «está en estudio la posibilidad de poder aplicar una bonificación del 95% del recibo del IBI, que venga a amortiguar el pago sufragado por los propios inquilinos». El edil de Vivienda reitera una vez más que «la repercusión a los inquilinos es aplicación de la ley».

El edil de Vivienda afirma que la decisión se fundamenta en un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía y destaca «que el cobro del IBI se realiza a partir del momento en que el inquilino renueva su contrato de alquiler, unas circunstancias que para la gran mayoría del parque municipal (en torno 85%) no se darán hasta dentro de 4 ó 5 años».