El maquinista hablaba por el móvil con Renfe cuando el tren descarriló a 153 km/h

El Alvia 151 en el que perdieron la vida 79 personas descarriló en la curva de A Grandeira a 153 kilómetros por hora, cuando el tramo de vía estaba limitado a 80. Así lo han demostrado los datos de la caja negra del convoy obtenidos esta mañana por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santiago, cuyo titular, Luis Aláez, instruye la causa para dilucidar las causas y responsabilidades del siniestro.

La información registrada desvela que el tren circulaba a 192 kilómetros por hora cuando el conductor, Francisco José Garzón, tuvo conciencia de que se acercaba a la fatídica curva. Pese a que el maquinista aún tuvo tiempo para accionar el freno, ya era demasiado tarde. La grabación de la caja negra también indica que en los momentos previos al siniestro Garzón recibió una llamada de personal de Renfe, alguien que parece ser un controlador, con quien estuvo hablando sobre el camino que debía seguir a la entrada a Ferrol. Según los ruidos de fondo, además, es muy probable que el maquinista estuviera consultando un mapa.

El vaciado de datos de las cajas negras del tren accidentado el pasado 24 de julio en Santiago concluyó después de cinco horas de trabajo, un proceso en el que hubo un ligero retraso por la práctica de una nueva diligencia. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Compostela, Luis Aláez, ha ordenado la realización de copias de seguridad del contenido de las cajas y para ello se ha contactado "por prevención" con el fabricante, que ha remitido las instrucciones por escrito y en varios idiomas, han informado fuentes próximas a la investigación. Se han extraído tanto datos técnicos como de voz, y se ha hecho una transcripción de las conversaciones en tiempo real, han señalado las mismas fuentes consultadas.

Los vagones no se moverán

Además, el juez ha autorizado a los técnicos de la Comisión de Investigación de Fomento realizar mediciones de las ruedas de los vagones, siempre que vayan acompañados por Policía judicial. Los vagones no se moverán hasta que se completen las inspecciones oculares. Para concluir esta tarea todavía se está pendiente del acceso a pequeñas zonas cerradas por hierros que hay que cortar. También se estudia posibilidad de que se trasladen perros para realizar una última inspección de los restos y está previsto realizar un estudio de la máquina.

Los técnicos encargados de investigar las cajas negras llegaron unos minutos antes de las diez de la mañana a la sede del juzgado de instrucción número tres de Santiago y abandonaron estas instalaciones sobre las tres. Los operarios, que media hora más tarde portaban las cajas, ante las insistentes preguntas de la prensa sobre el lugar al que las llevarían, se han limitado a contestar: "A donde diga el juez". Junto a ellos han estado presentes en el volcado de los datos un técnico de Fomento, otro de la compañía Renfe, uno de Adif y miembros de la comisión judicial. Una vez volcados los datos al ordenador serán analizados por un equipo de la policía científica que elaborará un informe que será remitido al juez.

Las cajas negras, que tienen capacidad de registro de voz de media hora y una capacidad de registro de datos de varios viajes -30 días ó 20.000 kilómetros-, recogen datos técnicos como los estados de las señales por donde circula el tren, así como las actuaciones que realiza el maquinista dependiendo del estado de las señales, en relación a la velocidad del tren, velocidad límite, distancia meta, indicación sobre velocidad, aplicación del freno de servicio, alarma, rearme de freno, aplicación del freno de emergencia, hora actual, avisador acústico y fallo total.

"La he jodido"

Por otra parte, y tras reconocer que se despistó hasta el punto de no saber dónde estaba, la Policía ha estado analizando el tráfico de llamadas de los terminales del maquinista, tanto del móvil privado como del corporativo para determinar en qué momentos del pasado 24 de julio los había utilizado, y si pudo hacer uso de ellos instantes antes del trágico suceso, por cualquier vía, tanto llamadas como mensajes de texto o WhatsApp.

Tras el accidente, Francisco José Garzón mostraba su preocupación y angustia instantes después del accidente, cuando hasta en tres ocasiones le dijo al comisario de Policía "La he jodido" y, tras los intentos del agente por que se serenara, le contestaba: "Cómo quiere usted que me calme? Con lo que he provocado, prefiero morir", tal y como recoge el informe del accidente que hoy publica 'El País'.

El maquinista no abandonó la cabina

El atestado elaborado por la Policía concluye que el maquinista no abandonó la cabina, sino que presionó todo el tiempo el pedal conocido como 'hombre muerto', un dispositivo de seguridad que detiene automáticamente el tren en caso de que el conductor se desvanezca o se ausente de la cabina durante un tiempo. Si el conductor de un ferrocarril deja de presionar este dispositivo, a los 27,5 segundos el tren se hubiera frenado. Pero el atestado que ha sido entregado al titular del Juzgado número tres de Santiago, Luis Aláez, recoge que el maquinista fue presionando todo el tiempo este pedal, según han informado fuentes de la investigación.

El maquinista ha asumido en su declaración judicial que se "despistó", que cometió un fallo humano al entrar a 190 kilómetros por hora en una curva limitada a 80, en la curva A Grandeira, en Angrois, a unos cuatro kilómetros de la estación de Santiago de Compostela. Está imputado por 79 delitos de homicidio, tantos como víctimas mortales ha provocado hasta ahora el siniestro, y una pluralidad de delitos de lesiones, todos ellos cometidos por imprudencia profesional.

El juez ha acordado su libertad provisional sin fianza, pero el maquinista tendrá que comparecer semanalmente en el juzgado que se designe. También se le ha prohibido salir del territorio nacional sin autorización judicial durante seis meses y se le ha intervenido de forma cautelar la licencia profesional para la conducción de ferrocarriles. El homicidio por imprudencia profesional está castigado en el Código Penal con la pena de prisión de entre uno y cuatro años, además de la inhabilitación para la profesión por un período de entre tres y seis años.