La defensa de dos altos cargos acusa a Alaya de «corruptela procesal»

La defensa del viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, y de Buenaventura Aguilera, ambos exdirectores generales de Presupuestos, ha presentado un recurso en el que pide la nulidad del auto de la jueza Mercedes Alaya por el que son imputados junto a otros 18 cargos en el caso de los ERE fraudulentos. En el escrito dirigido a la Audiencia Provincial de Sevilla, el abogado de ambos critica con duras palabras el auto de la magistrada del pasado día 28 de junio por «corruptela procesal», «frivolidad» y «selectiva imputación» al dejar fuera a todos los aforados para mantener el caso bajo su jurisdicción.

El recurso de apelación fue tramitado hace diez días, pero Alaya todavía no lo ha elevado a la Audiencia de Sevilla, que es la que debe pronunciarse, según confirmó a este periódico el letrado José María Mohedano. Este cree que el escrito está «inmovilizado» en el juzgado de la instructora por razones que dice desconocer. «No sé si esto es lo normal en este juzgado, en otros no», manifestó.

La respuesta de la Audiencia de Sevilla a la petición de nulidad es importante para la defensa. Lozano y Aguilera están citados a declarar por Alaya los días 16 y 17 de septiembre. Los servicios jurídicos de la Junta también reclamaron la suspensión de la declaración del exinterventor general Manuel Gómez en su recurso ante la Audiencia. Sin embargo, sin esperar a que esta se pronunciara, Alaya decidió tomar declaración al alto funcionario imputado el pasado día 25.

El recurso presentado por los dos cargos coincide con el de los letrados de la Junta en subrayar la indefensión de los imputados, a los que no se les relata los hechos y delitos de los que se les acusa; y en considerar a la magistrada incompetente para cuestionar las leyes de presupuestos y considerar ilegales procedimientos administrativos.

La jueza considera responsables penales a todos los cargos políticos y funcionarios que no frenaron el uso de la transferencia de financiación, procedimiento que cree ilegal para conceder subvenciones. Pero no ha imputado a todos, sino a aquellos que no son cargos electos y por tanto aforados, lo que le obligaría a remitir el caso al Supremo o al TSJA. Para la defensa «llama poderosamente la atención» que Alaya haya eludido a todos los aforados y no entiende «las razones de tan selectiva imputación» que puede poner en peligro del derecho a la tutela judicial efectiva.

También critica que Alaya «consienta y autorice» que sea la Guardia Civil la que interrogue a Aguilera en agosto de 2012 sin que en diligencias previas haya ninguna orden sobre ello. «No es posible imaginar una mayor y más radical muestra de indefensión que la presente, que recuerda las llamadas a juicio en tiempos anteriores al Estado de Derecho».

El PP, por su parte, ha formalizado su petición a la jueza Alaya para que expulse a la Junta de Andalucía como parte de la acusación, pues no se puede ser «acusación y defensa a la vez», según declaró ayer Carlos Rojas, portavoz en el Parlamento.