Los islamistas egipcios desafían las amenazas del Ejército

Ni la represión de las últimas horas, ni las amenazas del ministro de Interior han podido con las acampadas de protesta de los grupos que se oponen al golpe militar en Egipto, encabezados por los Hermanos Musulmanes. «Hay sentimientos de tristeza y de cólera, pero también una gran determinación. Aceptamos cualquier iniciativa a condición de que se base en la restauración de la legitimidad y anule el golpe de Estado. No negociaremos con el Ejército», declaró a la agencia AFP el portavoz islamista, Gehad el-Hadad, durante un día de duelo en el que se celebraron los funerales por los 80 muertos en las movilizaciones del viernes, 72 en El Cairo y 8 en Alejandría, según los últimos datos.

La mayoría de los muertos son partidarios del expresidente Mohamed Mursi y, pese a las explicaciones de las autoridades culpándoles de lo ocurrido y acusándoles de provocar la matanza, el baño de sangre ha supuesto un punto de inflexión incluso entre un sector de los partidarios del golpe que empieza a temer una vuelta a los tiempos de Hosni Mubarak.

Tras anunciar el sábado que las acampadas de protesta terminarían «muy pronto» y subrayar que sus hombres solo emplearon «gases lacrimógenos», el ministro de Interior, Mohamed Ibrahim, insistió en que afrontarán con «toda dureza» cualquier intento de desestabilizar el país. «Aseguro al pueblo de Egipto que los hombres de la Policía se comprometen a lograr la seguridad y la estabilidad en el país y no permitirán a ningún envidioso que perturbe el ambiente», afirmó Ibrahim tras recordar que las autoridades interinas cuentan con el respaldo mayoritario del pueblo en su lucha «contra el terrorismo» tras las multitudinarias manifestaciones de apoyo del 30 de junio y del viernes.

El presidente de transición, Adli Mansur, dio un paso más al publicar ayer un decreto que permite al primer ministro, Hazem Beblaui, conceder a los militares el derecho de arrestar a civiles.

Organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) denunciaron el «desprecio criminal» de las autoridades «por la vida humana» y su director para Oriente Medio y África del Norte, Nadim Houry, estimó que el elevado número de víctimas demuestra «una voluntad chocante por parte de la Policía y de ciertos políticos de aumentar la violencia contra los manifestantes pro Mursi». Un mensaje en la línea del expresado tras la matanza del 8 julio a las puertas del cuartel de la Guardia Republicana por Amnistía Internacional (AI) que censuró el «uso desproporcionado de la fuerza» por parte de los agentes del orden. El informe publicado por AI tras la muerte de más de 50 seguidores de Mursi aseguraba que las fuerzas de seguridad «no hicieron el mínimo esfuerzo por salvaguardar la integridad» de los manifestantes y definía lo ocurrido como «asesinato sin justificación». Tanto el 8 de julio como el viernes, un gran número de víctimas presentaban disparos en cabeza, cuello y espalda, informaron los médicos del hospital de campaña de la Hermandad en Rabaa al-Adawiya.

Vuelta al pasado

La última matanza de islamistas, la decisión de Interior de restablecer el Departamento de Actividades Religiosas, órgano usado por Hosni Mubarak para perseguir a activistas políticos y religiosos, y los intensos rumores sobre el restablecimiento de la ley de emergencia llevaron al Movimiento Juvenil 6 de Abril, clave en la caída de Mubarak, a pedir la dimisión del ministro de Interior, al que culpan del derramamiento de sangre. Tamarrud (rebelión), uno de los principales dinamizadores de las protestas contra Mursi, mostró su apoyo al Ejército en la «lucha contra el terrorismo», pero rechazó «la adopción de medidas extraordinarias que contravengan las libertades y derechos humanos. La revolución del 25 de enero y su réplica del pasado 30 de junio se celebraron para lograr la libertad para todos los egipcios y no para hacer frente a una cierta corriente», señaló uno de sus representantes, Mahmud Badr, a través de un comunicado.

El vicepresidente Mohamed el-Baradei pidió «una condena de la violencia por parte de todas las partes» como un primer paso hacia la reconciliación nacional que con cada muerto se aleja un poco más de las calles de Egipto. Algo que tiene claro la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, que advirtió del riesgo del país de ir directo «al desastre». La representante de la ONU se mostró «preocupada por el futuro de Egipto si el Ejército y otras fuerzas de seguridad, así como algunos manifestantes, continúan con la confrontación y la agresión como estandarte. Los activistas de la Hermandad Musulmana tienen el derecho a protestar pacíficamente como cualquier otras persona».