Interior aprecia «indicios racionales» de culpabilidad en el maquinista

Francisco José Garzón, el maquinista del Alvia 151 en el que perdieron la vida 78 personas, fue conducido ayer a comisaría nada más ser dado de alta en el hospital en el que se encontraba ingresado a causa de las heridas que sufrió en el descarrilamiento. El conductor abandonó el centro por una puerta lateral dentro de un vehículo escoltado por dos coches patrulla.

Según explicó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a Garzón le acusa la Policía del delito de homicidio por imprudencia. «Evidentemente está detenido porque qué duda hay de que existen indicios racionales como para considerar que pueda tener una eventual responsabilidad en lo sucedido, algo que deberá determinar en todo caso el juez», manifestó el titular del Interior. Al ser preguntado sobre cuáles eran esos «indicios racionales», el ministro se escudó en la investigación judicial abierta para no ofrecer más detalles al respecto. «No tengo nada más que decir», zanjó. Pese a la seguridad que mostró en sus palabras, Fernández Díaz aseguró que la Policía, «en un complejo atestado» que instruye el comisario provincial José Luis Balseiro, mantiene abiertas todas las líneas de investigación y no descarta ninguna otra posible causa del accidente.

Hoy a las 19.40 horas expirará el plazo de 72 horas que el maquinista puede permanecer como máximo bajo detenido por la Policía. De esta forma, a lo largo del día Garzón debe ser puesto a disposición judicial para que testifique ante el magistrado Luis Aláez, titular del Juzgado número 3 de Santiago, responsable del caso. Hasta el momento el instructor solo ha dictado la imputación del detenido, aunque sin detallar el delito por el que se le encausa ni tampoco emitir una orden de detención contra él.

Desde el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), se calificó como «sorpresa» la rápida acusación a Garzón. Aunque desde el sindicato se asegura que no se descarta ninguna hipótesis sobre la causa del accidente, sí se considera que el conductor está siendo tratado por las fuerzas de seguridad de manera incorrecta. Más aún, se asegura, cuando aún no se ha inspeccionado la caja negra cuyos datos confirmarán si el tren enfiló la fatídica curva de A Grandeira a 190 kilómetros por hora, 110 más de los permitidos por el trazado.

Unas normas que cumplir

Además de Fernández Díaz ayer compareció en Santiago la ministra de Fomento, Ana Pastor, quien permanece en la ciudad desde el día de la tragedia. A lo largo de estas jornadas Pastor siempre se había mostrado contraria a realizar valoración alguna sobre las causas del descarrilamiento. Ayer, aunque sin nombrarlo, hizo por primera vez alusión al maquinista detenido. «En España hay un ordenamiento jurídico, unas normas de seguridad que tienen que ver con la vía, con el tren y quien opera el ferrocarril y esas normas se tienen que cumplir», afirmó en referencia a la posible negligencia que podría haber cometido Garzón al exceder el límite de velocidad del tramo de vía. «Ahora las investigaciones puestas en marcha -la judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarias- deberán dilucidar si se cumplieron las normas marcadas», añadió Pastor. A continuación, la titular de Fomento defendió la seguridad que ofrecen los ferrocarriles españoles y aseguró que en ningún caso se ha reducido el presupuesto de su ministerio destinado a esta materia.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, insistió en que la seguridad ferroviaria está garantizada. El jefe del Ejecutivo gallego fue más lejos y llegó a denunciar «algunos intereses económicos por parte de determinadas empresas o de suministradores de alta velocidad» en utilizar la tragedia de Santiago. Lo hacen, prosiguió, «para que España no se presente a concursos internacionales de construcción de líneas de alta velocidad», como el que unirá las ciudades brasileñas de Río de Janeiro y Sao Paulo, en el que un consorcio español aspira a un contrato por valor de 13.000 millones.