La reforma incendia el sector eléctrico

La reforma eléctrica, aprobada por el Gobierno a golpe de real decreto urgente y con la incógnita de múltiples reglamentos, ha levantado encendidas protestas en todos los agentes del sector. En el ya inmediato mes de agosto, los consumidores van a sufrir en su factura un encarecimiento medio del 3,2%. Para bastantes, el porcentaje de incremento será mayor. En el recibo doméstico, la potencia contratada va a pesar más que el consumo. Y el bono social, un descuento que ha permitido a sus beneficiarios sustraerse a las últimas subidas, tendrá una aplicación cada vez menor

Las voces contrarias que se han alzado con fuerza la pasada semana son la prueba de que nadie está contento. Si 'en el medio está la virtud', el Gobierno podría apuntarse como un tanto esa insatisfacción generalizada. Pero lo cierto es que aún queda partida por jugar. La ley eléctrica tendrá tramitación parlamentaria, muchos decretos y normas están en estadio de borrador y quedan decenas de flecos pendientes.

Por eso cada sector ha dispuesto sus baterías. El primero en mover ficha ha sido Iberdrola, que ha anunciado la clausura de un grupo de 800 MW de su central de ciclo combinado de Arcos de Jalón (Cádiz).

La instalación está prácticamente parada: los ciclos combinados desempeñan ahora como principal función la de garantizar el suministro en caso de que, por ausencia de viento, las eolícas no se activen. La opción de hibernar este tipo de plantas, a decidir por procedimiento de subasta, es objeto de uno de los reglamentos de la reforma, todavía en fase de borrador. Está por determinar lo que pueden cobrar las plantas hibernadas. Como el expediente de clausura de Arcos de Jalón puede llevar, según fuentes del sector, hasta ocho meses de tramitación, se interpreta que la medida adoptada por Iberdrola podría encajar en un planteamiento sectorial en el que las compañías aún confían en cambios que aligeren su factura.

A las eléctricas tradicionales Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP España y E.on España, les afectan los recortes en la remumeración de la distribución, la merma de pagos por capacidad y el cargo por el bono social, o descuento que protege a los clientes vulnerables.

En general, nadie está conforme con el reparto de las cargas decidido por el Ejecutivo para hacer frente al abultado déficit tarifario. En grandes números, son 4.500 millones de los que los consumidores pagarán 900, idéntica cifra correrá a cargo de todos los contribuyentes, y los 2.600 restantes saldrán de la merma de costes regulados y del conjunto del sector eléctrico.

Las renovables que tienen detrás a un inversor potente, como los fondos extranjeros, han denunciado la inseguridad jurídica generada por el radical cambio del régimen de retribución y sugerido que podrían movilizar a expertos y analistas en favor de sus tesis. Si hasta ahora cobraban primas a la producción -recortadas por el ajuste del pasado año- van a pasar a percibir una remuneración que el Gobierno considera «razonable», pero que está por determinar en función del reconocimiento de los costes incurridos. Los ahorros previstos les han dado más de una pista de que la retribución al régimen especial ya no será lo que fue. Además, la estimación del 7,5% no incluye impuestos ni costes financieros.

Y, lo que consideran más dramático, la retribución contabilizará 'toda la vida de la instalación', lo que implica un efecto retroactivo. Tecnologías maduras como la eólica podrían ser penalizadas al llevar más tiempo funcionando. Las renovables de pequeñas instalaciones, fotovoltaicas en su mayoría, han formulado críticas durísimas, hasta el punto de declararse dispuestas a sacar sus protestas a la calle. Les afecta el cambio de planteamiento. Y la nueva regulación propuesta para el autoconsumo, que obvia las opciones del sistema de balance neto. En concreto, impide cobrar cuando se vierte electricidad a la red, y lo peor de todo es que incorpora un peaje de respaldo un 27% más caro que el convencional.

El consumidor doméstico, por su parte, que ha visto encarecerse su factura hasta un 70% en los seis últimos años, va a sufrir nuevas alzas. El regulador dice estar dispuesto a subir los peajes si se disparan los costes. En el conjunto del año ha podido quedar más o menos en tablas. Las eléctricas calculan que el consumidor va a pagar 500 millones menos, pero omiten que esa rebaja responde al desplome del precio de la electricidad en el mercado mayorista. El verdadero alivio para el usuario reside en la vuelta a la factura bimensual (un mes comprobado, otro estimado). Cuando las compañías pudieron cobrar cada mes, facturaron estimaciones y, muchos clientes tuvieron que adelantar dinero. Usuarios mayoristas de la electricidad conservan balas en la recámara.

Pueden negociar sus propios contratos, pero les afectan los peajes, regulada del sistema. Los clientes intensivos se han visto favorecidos por un régimen de interrumpibilidad. Si la factura que ya pagan, que la siderurgia y el aluminio consideran muy elevada respecto a sus colegas europeos, se encarece por la reforma, las empresas no descartan deslocalizar plantas, en busca de entornos económicos más propicios. Actividades como la cementera verán agravada con el encarecimiento de costes su delicada situación.