Los cambios previstos, de la A a la Z

Asegura el Gobierno que, si hubiera dejado las cosas tal cual, el desfase entre costes e ingresos del sistema eléctrico hubiera engordado al ritmo de 10.000 millones cada año. Descartado que ese impacto pudiera recaer en Presupuestos, una factura que pagan todos los contribuyentes, la alternativa hubiera sido un insoportable aumento de tarifa del 42%. La reforma adoptada tiene, entre otras, estas consecuencias.

Avalancha. Además del real decreto urgente, y del anteproyecto de ley, los cambios se recogen en siete reales decretos (extrapeninsulares, interrumpibilidad, autoconsumo, suministro, pagos por capacidad, hibernación de ciclos combinados) y la orden ministerial de peajes. Todo ello a informar por la Comisión Nacional de la Energía, a punto de desaparecer por la reordenación de los reguladores. En total, cinco kilos de papel impreso a doble cara.

Autoconsumo. Generar tu propia electricidad con tecnologías renovables y verter el resto a la red no es una opción favorecida por los cambios. Los costes de las instalaciones fotovoltaicas han bajado, lo que hace asequibles pequeños proyectos de este tipo. Pero la norma propuesta no contempla el balance neto -producir electricidad y verter el sobrante a la red, para recuperarlo en el futuro-, ni tampoco vender el exceso: no habrá contraprestación económica. Para quien produzca y consuma, se ha previsto un 'peaje de respaldo' disuasorio. Puede costar hasta un 27% más que estar enganchado a la red.

Bono social. La protección, que ahora consiste en una congelación del precio de la luz, alcanza en la actualidad a 2,7 millones de familias. Para todos ellos, el beneficio quedará reducido, porque las tarifas subirán en torno al 7%. Y el colectivo quedará limitado, al combinarse los requerimientos con la renta disponible de los hogares favorecidos. Una familia numerosa -cónyuge y tres hijos menores- abandonará la consideración de beneficiario si ingresa más de 34.691 euros anuales

Ciclos combinados. Son centrales térmicas que queman gas y fueron, en el pasado, la estrella de las inversiones. Se trata de 67 grupos con una potencia instalada de 26.251 MW que en el primer trimestre del año apenas funcionaron al 10% de su capacidad. Estas instalaciones de respaldo llegaron a cobrar en concepto de pagos por capacidad hasta 40.000 euros por MW instalado. Ahora se prevé limitar el abono a 10.000 euros. De los 25.000 MW instalados, Industria ha sugerido la posibilidad de poner en hibernación entre 4.000 y 6.000 MW. Iberdrola podría acogerse a este sistema.

Déficit. Se generó por las diferencias entre costes reconocidos e ingresos. A futuro, no podrá superar más del 2,5% de los ingresos anuales del sistema. El gran cambio es que, si el Gobierno no lo compensa con la subida automática de los peajes regulados, lo pagarán todos, las eléctricas tradicionales, el resto (renovables, cogeneradoras) y hasta el gestor del sistema, REE.

Distribución. Las eléctricas tradicionales han puesto el grito en el cielo. Iberdrola estima que su retribución, basada en el bono soberano, no cubre los costes de capital, ni garantiza la suficiencia de ingresos. Advierte de un freno de la inversión, que pondría en riesgo el suministro.

Mercado. Curiosamente, la reforma no ha hecho frente al principal desequilibrio denunciado. El precio de la electricidad en el mercado mayorista arroja fuertes oscilaciones, y el regulador ha sospechado la existencia de intervenciones. Pero su funcionamiento no se verá afectado.

Reclamaciones. Empresas y sectores han puesto cifras a los sacrificios exigidos. El presidente de Iberdrola denunció que el reparto de los sacrificios no es equitativo. Antes de impuestos, ha estimado el impacto negativo para esta compañía en 170 millones este año y 260 millones el próximo, sin tomar en cuenta las renovables. Gas Natural Fenosa calcula impactos de 270 millones entre los dos ejercicios, a los que suma la perdida de 137 millones en pagos por capacidad por los ciclos combinados.

Renovables. Representan el gran cambio del sistema eléctrico. Desaparecen las primas a la producción que cobraban, reemplazadas por una rentabilidad que el Gobierno estima será «razonable». Se tomará en cuenta «toda la vida» de la instalación. En octubre se conocerán los costes estándares, básicos para el cálculo. La penalización que podría representar esta fórmula ha puesto en el punto de mira las inversiones en todo tipo de renovables. La calificadora Standard & Poor´s considera la medida «un golpe duro» y ha censurado la «discrecionalidad» del Gobierno. Todas las tecnologías se ven en la cuerda floja, tanto las más maduras (eólicas) como el resto.