El Gobierno renuncia al instrumento clave de su polémica reforma local

Al Gobierno no le ha quedado más remedio que dar su brazo a torcer, tanto que el proyecto de reforma local que finalmente aprobó ayer el Consejo de Ministros es solo un pálido reflejo de lo que había diseñado en un primer momento. Del texto se ha caído un elemento clave: la fijación de un coste estándar al que debían someterse obligatoriamente los ayuntamientos en la prestación de sus servicios so pena de perder sus competencias en la materia a manos de las diputaciones provinciales. El Consejo de Estado fue contundente contra esa figura. Y el Ministerio de Hacienda ha dicho 'amén'.

El coste estándar ha ocupado buena parte del debate político durante todo el tiempo que el Ejecutivo ha tardado en elaborar este proyecto, un año largo de tira y afloja con los ayuntamientos, las comunidades autónomas y con los partidos de la oposición. De su aplicación se derivaban consecuencias de calado. No solo porque, como subrayó el órgano consultivo del Gobierno a principios de este mes, en un informe preceptivo pero no vinculante, podía cercenar la autonomía local, constitucionalmente reconocida, sino porque su cálculo tampoco estaba exento de dudas y porque, en último término, ponía en manos de entidades a las que los ciudadanos difícilmente pueden exigir responsabilidades políticas unas atribuciones que no necesariamente estaban preparadas para asumir.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, minimizó aun así el impacto de la rectificación. «No vale. Está bien, no pasa nada; estamos para cambiar», dijo. Ahora la eficiencia del mundo local se buscará por medios menos expeditivos. Pero se buscará. En resumidas cuentas, el Ejecutivo echará mano de una herramienta que ya tenía a su alcance desde el pasado diciembre: la ley de estabilidad presupuestaria; una norma que permite poner bajo tutela del Estado a las administraciones con déficit y que contempla, en último término, medidas punitivas para los incumplidores.

La novedad de la reforma es que obligará a los ayuntamientos a publicar el coste efectivo al que prestan los servicios para los que son competentes. En teoría, eso fomentará la racionalización de la gestión porque permitirá a los ciudadanos comparar el dinero que dedica su gobierno local a una determinada cuestión con lo que paga el vecino. Pero Montoro dio a entender que de esos datos no se colegirá obligación presupuestaria alguna para los consistorios.

Con todo, el Gobierno no solo no rebaja las cifras de ahorro que, según sus cálculos, se podrán conseguir en el ámbito local de aquí al año 2019, sino que las eleva de los 7.000 millones de euros de los que hablaba hace unos meses a 8.024 millones. Fuentes del Ministerio de Hacienda admiten, eso sí, que esa cantidad no es producto exclusivo de esta reforma que el lunes se enviará al Congreso de los Diputados para su tramitación a partir de septiembre. Es decir, que lo fundamental está de nuevo en la citada ley de estabilidad presupuestaria, aunque Montoro concedió también una enorme importancia a otro asunto: la clarificación de competencias.

Ese es uno de los ejes principales de la reforma y tampoco está exento de polémica. Los ayuntamientos ya no podrán realizar actividades fuera de su ámbito de competencias y eso implica que en materia como salud, educación y servicios sociales tendrán que ser las comunidades autónomas las que se encarguen de prestaciones que hasta ahora venían ejerciendo los municipios, con una salvedad, que los servicios obligatorios estén garantizados, que la prestación de ese otro servicio sea financieramente sostenible y que no haya duplicidad.

Problema autonómico

En la práctica, y en tiempos de crisis, esa medida puede significar que muchos servicios dejen de prestarse. Las comunidades autónomas sostienen que no están en condiciones de asumir el coste extra que les supondrían. Y el Ejecutivo avisa de que no va a haber más dinero. En algunos casos, aun así, la reordenación de competencias se llevará a cabo a lo largo de un periodo de cinco años.

El texto aprobado ayer contiene otra novedad destacada: el incentivo a las fusiones municipales voluntarias. El ministro no dio muchas pistas de cómo se llevará a cabo pero según una nota de su departamento, a los municipios fusionados se les podrá aportar una mayor financiación per cápita, se les dispensaría temporalmente de prestar servicios que pudieran resultar obligatorios por el aumento de población o se les daría preferencia en planes de infraestructuras, obras, servicios y subvenciones.

En cuanto a las diputaciones provinciales, Montoro aseguró que, pese al cambio en el modelo previsto inicialmente, se refuerzan. Podrán coordinar servicios de municipios de menos de 20.000 habitantes como el tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable, el acceso a núcleos urbanos o la pavimentación de obras públicas.