El Gobierno vuelve a obligar a todas las empresas a formar parte de las CámarasA mayor aportación, más poder dentro de la Cámara de España

El Consejo de Ministros aprobó ayer el lavado de cara de las Cámaras de Comercio, que a finales de 2010 perdieron su principal fuente de financiación: las cuotas forzosas que abonaban las compañías, obligadas por ley a formar parte de dichas organizaciones representativas. Con los cambios introducidos por el Gobierno, las empresas -con independencia de su tamaño- volverán a estar compelidas a formar parte de las instituciones camerales, aunque esta vez sin que ello suponga el pago de una cuota fija. Eso sí, se les podrá cobrar por los servicios que les sean prestados a título particular.

El proyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación llegará a las Cortes en los próximos días -aunque su tramitación parlamentaria no comenzará hasta septiembre- envuelto en la controversia. Todo a raíz de las críticas recibidas desde algunos ámbitos empresariales y también de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que aprecia varios contrasentidos en el texto respecto a las intenciones de impulsar una mayor liberalización y apertura económicas expresadas por el propio Ejecutivo en otras de sus reformas como, por ejemplo, la futura Ley de Garantía de la Unidad del Mercado. La CNC sostiene que la mera adscripción obligatoria a las Cámaras puede conllevar «un incremento de las cargas administrativas de las empresas y de la Administración Tributaria», así como «fomentar la fragmentación del mercado nacional».

Pero, ¿por qué se quebraría la unidad económica que defiende el Gobierno? Pues, según Competencia, porque como esa afiliación forzosa será a la organización cameral que corresponda a su territorio (provincial o, de no existir, la autonómica), una sociedad de Málaga no podrá hacer uso de los servicios de la Cámara de Alicante aunque, en teoría, fueran más provechosos para sus fines. Ello desincentiva la competencia interna y perpetua un modelo viejo.

Desde el Gobierno, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría defendió ayer esa pertenencia forzosa de todas las empresas por «la necesidad de que las Cámaras representen los intereses generales del comercio y no los de un determinado sector o asociación». Aludió, además, a otros motivos como una pretendida «igualdad de oportunidades» y «calidad de los servicios» que, según sus críticos, quedarían desacreditados precisamente por la imposibilidad de elegir libremente.

Polémica financiación

El modelo de financiación es otro de los puntos polémicos del proyecto de ley de Cámaras. Habrá tres vías: los ingresos generados por los servicios que presten, las aportaciones «voluntarias» de las empresas (que sustituyen al recurso cameral permanente eliminado hace dos años y medio, una cuota fija que se calculaba en función de los rendimientos fiscales de cada compañía) y las subvenciones que reciban de las administraciones según los convenios que suscriban para desarrollar sus funciones público-administrativas.

El Ministerio de Economía no precisa más sobre ese respaldo público, aunque desde las propias Cámaras se apuntan varias vías habilitadas 'ex profeso' por el Ejecutivo. De forma genérica, el «compromiso importante de colaboración» que se pretende de ellas para «el desarrollo e implantación» de las medidas del Plan Nacional de Reformas, sobre todo las dirigidas a pequeñas y medianas empresas. Y ya más en concreto, su peso en la «implantación y potenciación» de la Formación Profesional Dual -siguiendo el modelo alemán-, y la puesta en marcha de dos grandes planes: uno de internacionalización y otro de competitividad para las 'pymes'.

En todos esos ámbitos prestarán servicios para la Administración que serán remunerados, aparte de los que puedan realizar para empresas concretas, como cursos, arbitraje en conflictos mercantiles, ...). El catálogo tiene pocos límites, por lo que la CNC teme que puedan incurrir en competencia desleal con algunas entidades privadas si aprovechan los recursos públicos obtenidos por otras vías para ofrecer precios más bajos -aunque, en teoría, serían cuentas distintas-, sobre todo tras ajustar a la mitad su personal (1.600 empleados) y recuperar el respaldo del Ejecutivo para «garantizar su continuidad».

Una de las novedades que el Gobierno introduce en la financiación de la futura Cámara de Comercio de España es que, para «incentivar las contribuciones voluntarias» de las empresas, aquellas que las hayan hecho tendrán «una mayor representatividad» en sus órganos de gobierno.

No obstante, la última palabra sobre ese reparto la tendrán las comunidades autónomas, que tendrán un papel especial en esta reforma. En cualquier caso, al menos la mitad de los vocales serán elegidos en votación abierta.