El Tribunal Supremo salva al tercer alto cargo político en cinco días

El de Yolanda Barcina ha sido el último nombre en sumarse a la lista de sentencias del Tribunal Supremo favorables a los intereses de altos cargos y exministros envueltos en casos de corrupción. El alto tribunal archivó el pasado jueves la causa contra el exministro socialista de Fomento José Blanco por un supuesto delito de tráfico de influencias. El martes fue el turno del extitular de Medio Ambiente y expresidente balear Jaume Matas, a quien se rebajó de seis años a nueve meses la pena de prisión que impuso en su día la Audiencia Provincial de Palma por malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude a la Administración.

El tercer caso se produjo ayer. Esta vez la beneficiada por la decisión de la Sala de lo Penal del Supremo ha sido la presidenta de Navarra, en cuya actuación, en contra del criterio de la juez instructora, el alto tribunal no ha encontrado evidencias de cohecho impropio por las dietas dobles e incluso triples en un mismo día que cobró por su asistencia a la Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra (CAN), un órgano de carácter consultivo de la entidad financiera.

El fallo estima que no está acreditado que Barcina incurriera en un delito de cohecho «del que quedan al margen aquellas conductas que, pudiendo generar algún tipo de reproche moral, ético o político aparecen sujetas a otras exigencias distintas del principio de legalidad que caracteriza el sistema penal». «La consideración ética sobre la reprochabilidad de los actos denunciados no puede determinar la sanción penal del hecho, con independencia de la opinión personal del juzgador, si en la conducta enjuiciada no concurren rigurosamente los elementos típicos integradores de la figura delictiva objeto de acusación», añaden los magistrados para dejar entrever la inconveniencia política en el cobro de las dietas, que no la judicial. Estos mismos argumentos, los de la reprobación moral aunque no penal, fueron defendidos por el alto tribunal en la sentencia en la que se rebajó la condena de prisión a Matas.

La ventaja de ser aforada

Barcina se ha visto favorecida por el aforamiento que le otorga su calidad de presidenta de Navarra y por el hecho de que solo puede ser imputada por el Tribunal Supremo, nunca por un tribunal ordinario. Una consideración de la que no gozan su antecesor al frente del Ejecutivo autonómico, Miguel Sanz, el exconsejero de Economía y Hacienda Álvaro Miranda, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el exdirector general de CAN, Enrique Goñi. Los cuatro permanecen imputados por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, María Paz Benito, quien, a diferencia del Supremo, sí ha encontrado suficientes indicios de cohecho en el cobro de las dietas. Otras fuentes jurídicas, sin embargo, consideran que la juez Benito, quien había calificado como «indispensable» la declaración de Barcina como imputada, debe proceder también al archivo del resto de imputados siguiendo el criterio del Tribunal Supremo.

La presidenta de la comunidad foral, que debió enfrentarse a una moción de censura con motivo de la acusación por cohecho y gobierna en una delicada minoría tras romper su alianza con los socialistas navarros, sacó pecho tras darse a conocer el auto, que, afirmó, «deja en muy mal lugar» a aquellos que quisieron condenarla antes de ser juzgada, una alusión dirigida, sobre todo, hacia la izquierda abertzale. «Hoy se pone una vez más de manifiesto que UPN es un partido formado por personas honradas», concluyó Barcina.

Para el secretario general de UPN, Óscar Arizcuren, la resolución demuestra que en la CAN «siempre se ha actuado en el marco de la legalidad» y «supone un espaldarazo a la trayectoria» de Barcina, al mismo tiempo que un fracaso para los que «lo único que han querido ha sido menoscabar el buen nombre de UPN», sobre todo desde el ámbito nacionalista, destacó.

Uxue Barkos, diputada nacional por Geroa Bai, consideró que, pese a que el fallo del Supremo absuelve a la jefa del Ejecutivo, critica «con severidad» la «mala praxis política» que llevó a cabo en la entidad financiera. En esta misma línea, y tras mostrar su absoluto respeto por la decisión judicial, el PSN-PSOE señaló que el auto no exime a Barcina de asumir su responsabilidad política como presidenta navarra.