La declaración del interventor de la Junta por los ERE amenaza al presidente

El asalto de la juez Mercedes Alaya a la cúpula de la Junta de Andalucía por su conocimiento y permisividad en el fraude de los ERE llegará mañana a uno de sus puntos cruciales con la declaración del que fuera interventor general de la Junta entre 2000 y 2010, Manuel Gómez. Pese al recurso presentado por la administración regional para retrasar esta comparecencia y evitar la imputación de una veintena de exaltos cargos, la Fiscalía Anticorrupción ha avalado su declaración al entender que sirve para indagar acerca de quiénes pudieron conocer el uso indebido de los fondos públicos.

Hace tres semanas la juez imputó a la exministra de Fomento y exconsejera de Economía y Hacienda andaluza Magdalena Álvarez, así como a varios cargos públicos de ese departamento, bajo la sospecha de que conocieron y permitieron el mal uso del mecanismo de transferencias de financiación para sufragar las ayudas a empresas en crisis, un sistema que permitía la discrecionalidad y eludir cualquier fiscalización. Un argumento que se podía extrapolar al actual presidente de la Junta y sucesor de Álvarez, José Antonio Griñán, al que no imputa de momento porque al ser aforado la juez debería remitir la instrucción al Tribunal Supremo.

Aforamiento

La declaración del interventor puede ser el elemento que la juez necesita para terminar de cerrar cabos y realizar los aforamientos, ya que puede poner en la picota al presidente por su responsabilidad como anterior consejero de Hacienda. De hecho, Gómez fue quien acabó señalándole en la comisión de investigación parlamentaria desarrollada el pasado verano.

Su declaración revolucionó la comisión. El exinterventor general fue tajante al recordar que había advertido hasta en quince ocasiones de las irregularidades que se estaban produciendo y que nadie le prestó atención.

Frente al argumento de la Junta de que Intervención no hizo el informe de actuación que habría permitido paralizar de golpe las ayudas, el interventor explicó que la ley no se lo permitía en este caso concreto, aunque sus informes eran lo suficientemente claros y contundentes para que se tomasen medidas.