La juez de los ERE rechaza el recurso de la Junta y le reprocha que actúe como defensa

La instructora del caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, propinó ayer una contundente reprimenda a la Junta de Andalucía al señalar que con sus últimos recursos oponiéndose a la imputación de una veintena de exaltos cargos actúa «con una posición más propia de una defensa que de una acusación particular», que es como está personada en la causa. Y abunda en esa tesis porque el Gobierno andaluz tiene una actitud que choca «con la aireada actitud de colaboración que pregona para sí».

En un nuevo auto, la juez indica que mantiene la comparecencia prevista para el jueves del que fuera interventor general de la Junta durante una década, Manuel Gómez. Ni siquiera esperó a que, como había pedido días antes, las partes implicadas se pronunciaran sobre la conveniencia o no de las imputaciones de los exaltos cargos, ya que la Fiscalía apoyaba dicha medida.

Alaya rechaza de plano el argumento de la Junta acerca de que cuestionar las leyes presupuestarias autonómicas supone «subvertir el estado democrático». Así, considera que carece de «veracidad» concluir que dichas leyes obligaban al uso del mecanismo de transferencia de financiación a un ente público para pagar las subvenciones sociolaborales ordenadas por la Consejería de Empleo. Un mecanismo que, a juicio de Alaya, era procedente para otro tipo de gastos, y no para gestionar despidos en empresas en crisis.

Nuevas citaciones

En este sentido, la juez apunta a que aunque los presupuestos autonómicos recogieran dichas transferencias, no se indicaba expresamente que fueran para las ayudas sociolaborales. Y como la Junta argumentó que al ir contra esa norma debería imputar a todos los parlamentarios que aprobaron esos presupuestos, Alaya incide además en que esas subvenciones solo se incluyeron en la documentación anexa al presupuesto, y no es por tanto parte integrante de la ley.

La juez también concreta un poco más el calendario de declaraciones de los nuevos imputados en la causa, que ya suma 93 implicados entre exdirigentes políticos, abogados, mediadores e intrusos. Así, para final de septiembre citó a los exdirectores de Presupuestos Antonio Lozano, ahora viceconsejero de Presidencia con Susana Díaz, y Buenaventura Aguilera, al exviceconsejero de Empleo Justo Mañas, al jefe de Servicio de esa consejería, Antonio Díz-Lois, imputado desde junio de 2012, y al exdiputado socialista Ramón Alcaraz.