Garzón llevará a Estrasburgo la militancia en el PP del presidente del Constitucional

Baltasar Garzón denunciará ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo la militancia del presidente del Constitucional en el PP. El exjuez considera que este hecho está detrás del rechazo a su recurso contra la condena a 11 años de inhabilitación que le impuso el Supremo por autorizar en el 'caso Gürtel' las escuchas de los acusados con sus abogados.

El exinstructor de la Audiencia Nacional emplazó al Constitucional a que anule su decisión de inadmitir el recurso contra su condena porque de no ser así acudirá a la corte de Estrasburgo. Francisco Pérez de los Cobos, argumentó el exjuez, «debería haberse abstenido» en la toma en consideración de la impugnación porque como militante del PP no era imparcial en un hecho que afectaba a dirigentes de ese mismo partido.

Garzón, antes de inaugurar unos cursos de verano que él mismo dirige en la Universidad de Jaén, indicó que «por mucho menos» que eso se han planteado recusaciones de magistrados del Constitucional. Entre ellas está la de Pablo Pérez Tremps, apartado a petición del PP del debate sobre el Estatuto de Cataluña por haber escrito un texto académico para un organismo de la Generalitat. El magistrado progresista fue excluido por «apariencia de parcialidad».

El exjuez explicó que denunciará en el tribunal europeo la situación creada por De los Cobos porque es un hecho que «altera y socava» el Estado de derecho. El presidente del Constitucional, añadió, «no puede ni debe» militar en ningún partido si se pretende que el entramado institucional de España tenga «credibilidad».

El presidente del Gobierno tiene una visión muy distinta, y no apreció ningún impedimento en que De los Cobos hubiera compatibilizado durante un tiempo su afiliación al PP con la magistratura en el Constitucional. Mariano Rajoy señaló que el pleno de la corte se reunió la pasada semana al trascender el dato de la militancia de su presidente y «por unanimidad» adoptó «una posición inequívoca» de respaldo a su máximo representante. «Posición que comparto», apostilló.

En realidad, Pérez de los Cobos convocó el pasado jueves a los once magistrados de la corte para exponer los hechos y el único acuerdo fue emitir una nota de prensa para explicar la jurisprudencia existente sobre el asunto, que admite la posibilidad de militar en un partido en el caso de los integrantes del Constitucional a diferencia de los miembros de la carrera judicial.

Ocultación

El PSOE ha solicitado su presencia en el Congreso para que explique por qué «ocultó» su condición de militante popular en el examen de idoneidad del Senado a su candidatura. La portavoz socialista en la cámara, Soraya Rodríguez, indicó que la situación es «delicadísima» y confió que el PP no utilice en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso su mayoría absoluta para vetar la citación. Fuentes del grupo popular adelantaron que rechazarán la solicitud socialista.

La socialista apuntó que el presidente del Constitucional, además de «la necesidad de imparcialidad», debe tener «apariencia de objetividad», carácterísticas que, a su juicio, no adornan a De los Cobos.

En el Gobierno insisten en la legalidad de la actuación del catedrático de Derecho del Trabajo que preside la corte, pero admiten que se puede haber abierto un resquicio para una cascada de recusaciones a su presencia en los procedimientos del tribunal. La Junta de Andalucía, por lo pronto, debatirá hoy si pide la inhibición de Pérez de los Cobos en el debate de los recursos interpuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy contra su decreto antidesahucios y las subastas en la compra de medicamentos.

Asimismo, los abogados del exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y del exsecretario general del sindicato LAB han anunciado que van a pedir la anulación de las últimas decisiones del Constitucional sobre sus clientes. El tribunal rechazó un recurso de ambos para lograr la suspensión cautelar de sus condenas en el 'caso Bateragune' por pertenencia a ETA. También la Generalitat de Cataluña tiene sobre la mesa la posibilidad de pedir la nulidad de las sentencias en las que haya intervenido el presidente del tribunal.