Vendetta en el Plan Bahía

Las consecuencias del fraude cometido con las ayudas a la reindustrialización de la Bahía en 2011 guardan, en cierto modo, un componente de vendetta política entre las familias socialistas de la provincia. El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha reconocido que se dieron subvenciones sin contar con todas las garantías. La declaración de López Gil, uno de los cachorros del sector renovador del partido, supone un duro revés para el clan pizarrista que, en esos momentos, movía tanto los hilos de la Diputación de Cádiz como de la oficina del Plan Bahía Competitiva. Al frente de la corporación provincial se encontraba en esa fecha Francisco González Cabaña, mientras que en la gerencia de la oficina estaba Antonio Perales. Está muy claro, casi cristalino, que los renovadores o griñanistas del PSOE quieren que la jueza Lourdes del Río aclare cuánto antes sobre quién o quiénes pesa la irresponsabilidad de haber concedido ayudas públicas sin pasar ningún tipo de filtro. El equipo del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, fue muy hábil a la hora de poner tierra de por medio en esta trama y denunciar las irregularidades en el juzgado. De hecho, ese mismo año su consejero de Gobernación, el todopoderoso Luis Pizarro, dimitió del cargo por discrepancias con el presidente. La relación entre ambos se hizo insostenible desde que Griñán tomó las riendas del partido en Andalucía tras el nombramiento de Manuel Chaves como ministro de Zapatero. Desde luego Griñán no hizo nada por retener a Pizarro en la consejería y vio en su dimisión la puerta abierta para practicar la reforma interna que necesitaba partido con la incorporación de caras nuevas y jóvenes. Griñán quería despojar al PSOE andaluz de todos los vestigios de ese pasado representado por Chaves y Pizarro. Fue entonces cuando estalló el fraude del Plan Bahía. El empresario gallego Dávila Ouviña era la cabeza visible de este monumental desfalco orquestado por medio centenar de empresas pantalla que sirvieron para evadir 21 millones de euros. El presidente de la Junta sabía que este marrón no era suyo sino de los pizarristas que habían gestionado el cajón hasta la salida de Chaves. Ouviña vendió humo y Antonio Perales se lo tragó. El supuesto empresario llegó a la Bahía con el ánimo de invertir en la comarca de La Janda, concretamente en Benalup, Alcalá de los Gazules y Medina, los feudos del pizarrismo gaditano. La investigación que ha llevado a cabo la unidad policial Udyco, ordenada por el juzgado número 4 de Cádiz, ha destapado que uno de los principales focos del desastre estaba, precisamente, en los despachos de la Diputación, donde mandaba Cabaña. La jueza, en función de la documentación aportada y de la declaración recogida por los 31 imputados tendrá que aclarar si el torrente de ayudas que se dio en esa fecha al entramado empresarial de Ouviña fue una negligencia consentida por los gestores políticos de la Diputación, la oficina del Plan Bahía, dependiente de la agencia IDEA, y de la dirección general del Industria del Ministerio. El cerco se estrecha cada vez más.