Los jueces podrán imponer a los padres la custodia compartida

El Gobierno quiere que la custodia compartida de los menores no sea una cosa anómala en los procesos de divorcio o separación de una pareja y se convierta en una herramienta fundamental en estas negociaciones familiares. En 2011, de las 58.342 resoluciones de custodia dictadas, 47.994 se concedieron a las madres, frente a las 7.220 compartidas y las 3.128 al padre. Una situación que el Ejecutivo quiere modificar, otorgando al juez la posibilidad de aplicar la custodia compartida incluso sin tener la aprobación de los padres. El interés del menor pasa a ser el bien jurídico que pasa a ser determinante, según comentó Alberto Ruiz Gallardón, al término del Consejo de Ministros. «No será valido en ningún caso, aunque esté consentido por las partes, un acuerdo que resuelva una situación de conflicto si, a consideración del juez, se actúa en contra del interés del menor», explicó el titular de Justicia, que pretende lograr una mayor flexibilidad de este concepto.

El Ejecutivo quiere que la custodia compartida no sea un estanco cerrado en el que los padres se repartan la vida de sus hijos el mismo tiempo. El juez solicitará un informe no vinculante a la Fiscalía. Estudiará las alegaciones de las partes, la opinión del menor, el dictamen de los expertos y observará otros criterios como la edad o el arraigo social, escolar o familiar para tomar la decisión que más convenga a los menores. En este contexto, los progenitores que estén condenados o inmersos en una causa penal por la violencia de género quedaran excluidos de la guarda.

Regímenes y vivienda

Otro campos que el Gobierno pretende modificar es el régimen de visitas y el uso de la vivienda. En el primer apartado, el titular de Justicia indicó que hay que desterrar este concepto y cambiarlo por «régimen de estancia, relación y comunicación con el progenitor. En el segundo campo, el de la vivienda familiar, su asignación se separa de la concesión de guarda y custodia «si carece de medios siempre que quien ostente la custodia tenga los suficientes para proporcionar una vivienda digna». El ministro también anunció una revisión de la contribución de los padres a las cargas familiares, donde se distinguirá entre pensión de alimentos para gastos ordinarios, extraordinarios y voluntarios.

Este anteproyecto pretende «concienciar» a los padres de la importancia que tiene mantener la serenidad y lograr un pacto que beneficie, sobre todo, a los menores. Por ese motivo, la reforma legal prevé que los progenitores presenten un plan de patria potestad conjunto junto a las demandas de separación o divorcio y que se puedan acoger a la mediación. El ministro recalcó que la intervención de un juez debe ser un «recurso extraordinario» cuando no haya acuerdo y siempre velando por los intereses de los más pequeños. «Todos los convenios que se han alcanzado mediante un acuerdo tienen un grado de cumplimiento sensiblemente superior a aquellos que han sido impuestos a una de las partes como consecuencia de una decisión judicial», precisó Ruiz Gallardón.

El proyecto gubernamental ha contado tanto con las alabanzas de las asociaciones judiciales como los reproches por parte del PSOE y el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género. Ambas críticas van en el mismo sentido: la imposición a los padres de custodia compartida. «Funcionan cuando hay un acuerdo entre los padres, cuando hay una complicidad y una buena comunicación», apuntó Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio, adscrito al Consejo General del Poder Judicial.

Por su parte, el PSOE indicó que es necesario el acuerdo paterno, «no la imposición que es lo que pretende el Gobierno con su reforma», subrayó Purificación Causapié, secretaria de Igualdad, quien además aseguró no entender por qué un juez impondrá cómo deben vivir «personas que no han cometido ningún delito». «Es considerar menores de edad civil a padres y madres», subrayó la dirigente socialista.