El juez ordena investigar si hubo cohecho en las adjudicaciones a los donantes de Bárcenas

La última hornada de documentos que el extesorero del PP entregó el pasado lunes a la Audiencia Nacional parece haber hecho cambiar de idea al magistrado Pablo Ruz, hasta ahora convencido de que la investigación sobre los papeles de Bárcenas se debía limitar a saber si el PP, como organización, pudo incurrir en algún delito fiscal por «la presunta llevanza de una contabilidad B».

En una providencia hecha pública ayer, el instructor de la pieza separada del 'caso Gürtel' decide ampliar el objeto de su investigación para descubrir si los apuntes de Bárcenas, en lo referente a las donaciones, pudieron ser constitutivos de un rosario de delitos de cohecho para conseguir adjudicaciones amañadas. Ruz ordena a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado que trabajan en su oficina de Auxilio de Judicial que «determinen» si «las cantidades dinerarias supuestamente percibidas por el Partido Popular a través de Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas», y que aparecen en la «contabilidad B de dicha formación política», tienen «vinculación» con las «adjudicaciones y contratos de los que fueron beneficiarios las sociedades relacionadas con los querellados». En particular, el juez reclama a los expertos que revelen si estos pagos y los subsiguientes contratos tuvieron «relevancia penal» en relación a los artículos 419 y siguientes del Código Penal, precisamente los que se refieren al cohecho.

Según explicaron fuentes judiciales, Ruz quiere el respaldo de la Intervención del Estado para entrar de lleno en esta delicada parte de la investigación que podría desembocar, además de en el cohecho, en acusaciones de delitos conexos como la malversación y la prevaricación contra los responsables políticos de las administraciones públicas que adjudicaron contratos a los donantes del PP. El juez pretende, en cierto modo, que la Intervención le confirme los datos del polémico informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía, que el pasado 7 de mayo aseguró que los «19 empresarios donantes identificados» en los papeles de Bárcenas hicieron aportaciones al PP entre 2001 y 2012 por valor de 3,4 millones de euros. En ese mismo período, esos mismos empresarios recibieron adjudicaciones públicas de los gobiernos del PP, tanto central como autonómico y local, por valor de 12.281 millones de euros. De esos 19 empresarios, 16, siempre según la Policía, habrían realizado aportaciones superiores al máximo permitido por la ley de financiación de partidos, 60.000 euros hasta 2007 y 100.000 euros desde ese año.

La UDEF constató entonces que seis de las sociedades, Hispánica, OHL, Sando, Sacyr, Azvi y Aldesa, hicieron donativos al PP de forma regular a lo largo del periodo en que se obtienen las adjudicaciones. Entre esas aportaciones destaca una de 400.000 euros de José Luis Sánchez Domínguez, presidente de Sando, en 2003, según se recoge en los papeles del extesorero; también figura otra ese mismo año de 360.000 euros de Manuel Contreras, dueño de Azvi.

Sin embargo, en los casos de Sedesa, Copasa, Copisa, FCC Construcción, Urazca y Rubau las entregas de dinero al partido se concentraron en un año, que se comprobó que coincide o está próximo a un ejercicio de elevado volumen de contratación de obra pública. Precisamente este tipo de correlación es la que la Intervención del Estado debe determinar si es delictiva.

Sin delito fiscal

En esa misma providencia, el magistrado ordena a los funcionarios de la Agencia Tributaria que estudien a fondo todos los documentos unidos a la causa, incluidas las nueve carpetas y el 'pendrive' entregados por Bárcenas el pasado lunes en la Audiencia Nacional. Tras el análisis del material, el juez pide que determinen si las «personas físicas» que aparecen como «perceptoras» de los fondos de la supuesta 'caja B' pudieron incurrir en irregularidades fiscales con responsabilidad penal. Es la primera vez que el magistrado investiga la supuesta responsabilidad de los dirigente del PP citados en los dos años que recoge la contabilidad manuscrita del extesorero y que no estarían prescritos 2007 y 2008, años en los que aparecen como beneficiarios, entre otros, Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Ángel Acebes.

No obstante, explicaron fuentes judiciales, en realidad Ruz solo espera que Hacienda, tal y como él supone, le certifique que no puede investigar a esos cuatro dirigentes del PP porque, aun en el caso de que los apuntes de Luis Bárcenas respondieran a la realidad, las cifras no supondrían un delito, pues no llegarían al mínimo de 120.000 euros de defraudación por ejercicio. Otra cuestión es la dimensión política del presunto cobro de los sobresueldos de la caja B.

La única «persona física» citada en los papeles de Bárcenas que podría terminar en el banquillo por los polémicos apuntes es el arquitecto Gonzalo Urquijo, encargado de la reforma de la sede del PP en la calle Génova de Madrid, quien, de acuerdo con la contabilidad B, recibió solo en 2008, año no prescrito, un total de 453.000 euros en negro.

La puerta que sí dejará abierta la Agencia Tributaria en su informe será la de imputar un delito fiscal al PP, como organización, por los ejercicios de 2007 y 2008 si se confirma que los apuntes de Bárcenas son reales. El juez ordenó a Hacienda ya que «estime las cuotas» supuestamente defraudas en los ejercicios a partir de 2007 «en relación al impuesto sobre sociedades a IRPF» del Partido Popular.