La juez imputa a la responsable de finanzas del PSC por el 'caso Método 3'

Como en toda historia de espías, nada es lo que parece, o sí, y la trama sufre continuos giros inesperados. La juez que investiga el caso de supuesto espionaje a la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y a la expareja del hijo mayor de Jordi Pujol ordenó ayer a la Policía el registro de la sede del Partit dels Socialistes de Catalunya. La magistrada buscaba pruebas o indicios que demuestren la tesis de que el encargo de la grabación de la conversación entre la presidenta del PPC y María Victoria Álvarez en el ya célebre restaurante La Camarga, en Barcelona, partió de los socialistas catalanes.

Agentes de la Policía se llevaron el ordenador personal de la responsable financiera del PSC, Lluisa Bruguer, a la que entregaron una citación judicial para que declare la semana que viene, en calidad de imputada, ante la titular del juzgado de instrucción número 14 de Barcelona, Elisabet Castelló.

Desde el PSC se apresuraron en afirmar que ya hace tiempo consiguieron «documentar» que el partido «no tiene ninguna responsabilidad» con el espionaje a Sánchez-Camacho y que la «única» relación que la formación política ha tenido con la agencia Método 3, responsable confesa de la grabación, se ha limitado a encargos para «labores de seguridad en sedes del partido».

Sin embargo, casi desde el principio de la investigación se ha sospechado del PSC, extremo que la juez ha corroborado con la orden de registro, y en concreto del diputado y exsecretario de Organización de los socialistas catalanes, José Zaragoza, quien reconoció ser el autor de los contratos que los socialistas suscribieron con Método 3, para hacer rastreos de seguridad en las dependencias del partido, aunque negó ser el responsable del encargo de la grabación a Camacho y Álvarez.

Según se ha apuntado, Zaragoza buscaba, con la grabación de la conversación entre Sánchez-Camacho y Álvarez, nexos entre el 'caso Palau', que salpica de lleno a Convergència, y la fortuna de los Pujol para luego utilizar esa información en la batalla política. Sobre el 'caso Palau' no aparece nada en la cinta, pero la expareja de Pujol Ferrusola sí informa a la dirigente popular del supuesto blanqueo de dinero cometido por el hijo mayor del expresidente de la Generalitat y cuenta a su interlocutora que Jordi Pujol Ferrusola viajaba con cierta frecuencia a Andorra y en sus desplazamientos solía llevar importantes cantidades de billetes de 500 euros en el maletero.

Pacto extrajudicial

Esta parte de la conversación fue publicada en febrero y fue entonces cuando el 'caso Método 3' estalló con toda su virulencia. Días después de hacerse público el contenido del encuentro, la presidenta del PP catalán, tras verse víctima de un espionaje, presentó una denuncia en los juzgados. Después de registrar la sede de Método 3, la juez imputó a cuatro personas, el director y tres trabajadores de la agencia. El caso, en cualquier caso, dio un giro de 180 grados en el pasado junio, cuando Sánchez-Camacho llegó a un pacto extrajudicial con el despacho de detectives, retiró la demanda civil y pidió el archivo de la investigación penal. A cambio, Método 3 se comprometió a indemnizarle con 80.000 euros y reconoció que dos exempleados grabaron la conversación de La Camarga.

El acuerdo levantó suspicacias, en parte porque la líder del PP siempre ha pedido a los tribunales llegar hasta el final, pero sobre todo porque trascendió que el director de la agencia, Francisco Marco, aseguró al juez que la grabación se encargó «en nombre» de la dirigente conservadora. La prueba de que el caso Método 3 se le estaba empezando a enredar a Sánchez-Camacho se constató cuando se publicó otra parte de la cinta, en la que la dirigente popular expresa que tiene un «fiscal de confianza, que es el que está llevando lo del Palau», como opción al que recurrir para denunciar los hechos relatados por Álvarez.

A pesar del pacto entre Sánchez Camacho y Método 3, no se ha archivado la causa. La Fiscalía de Barcelona pidió hace diez días a la juez que la investigación continúe, dado que la condición de senadora y diputada de Alicia Sánchez-Camacho convierte el caso en un asunto de interés público. La instructora acordó mantener abierta la investigación al considerar que el acuerdo no extingue la acción penal.