Las renovables, en pie de guerra contra la reforma energética

Las empresas de energías renovables han lanzado el grueso de su artillería contra la reforma energética del Gobierno, al considerarla una «expropiación encubierta» sobre un sector que acumula una deuda superior a los 40.000 millones -lo mismo que el rescate bancario- a la que pensaba hacer frente con sus rentabilidades ahora mermadas, y que proporciona empleo a unos 118.000 trabajadores, muchos de ellos en riesgo de perder su puesto de trabajo. El nuevo marco básico del sector inició ayer su tramitación parlamentaria con el debate en el Congreso del real decreto ley denominado de estabilidad financiera del sistema.

En la Cámara baja, el ministro de Industria, José Manuel Soria, defendió la norma con el argumento de que «ningún Gobierno ha podido o sabido llevarla a cabo». «Lo que no puede ocurrir es que se vaya la luz», alertó. La regulación, que ha llegado al Parlamento en el plazo récord de 48 horas tras su publicación en el BOE, incluye el nuevo mecanismo de retribución para las renovables -por ahora sin concretar-,los del transporte y la distribución, y también habilita al Ejecutivo a aprobar una nueva orden de peajes o parte regulada de la tarifa.

En la práctica va a implicar para el consumidor doméstico una inusual subida de la luz del 3,2% el próximo 1 de agosto, y también supondrá notables impactos en la factura eléctrica de las empresas, puesto que los peajes afectan a todos. Por añadidura, la recomposición de la tarifa, al otorgar mayor peso a la potencia contratada que al consumo penalizará, no solo a las segundas viviendas, sino también los esfuerzos de ahorro energético.

No es más que una estimación, pero los expertos del banco de negocios Citi ya se han aventurado a sugerir más aumentos. Consideran que el recibo de la luz podría experimentar un encarecimiento adicional del 7% en 2014 por la aplicación de los mecanismos ahora aprobados, porque calculan que el déficit de tarifa -diferencia entre costes reconocidos e ingresos percibidos- se situará el próximo año en 2.300 millones, pese a las alzas de precios y los recortes retributivos.

Las nuevas medidas, reconoció el ministro Soria, «generarán incomodidad a sectores que tradicionalmente han mostrado una singular capacidad de persuasión en relación a los distintos gobiernos». Todo apunta a que esas «capacidades» se han visto frustradas en esta ocasión. Las empresas de generación tradicionales ya anticiparon sus críticas a través de la asociación empresarial Unesa. Denunciaron que la asunción de un recorte total de 4.500 millones en 2013 les obligará a una drástica reducción de empleo y a replantearse sus inversiones en España. Unas iniciativas que podrían concretar la próxima semana durante las presentaciones de resultados trimestrales.

Las renovables se han puesto en pie de guerra y anuncian que van a agotar todas las vías judiciales contra unas medidas que, a su juicio, «son gravemente retroactivas y quiebran la seguridad jurídica del país». Representantes de Anpier (pequeños productores fotovoltaicos), APPA (energías renovables, con secciones de eólica y biomasa, entre otras), Protermosolar y Unef (fotovoltaica) denunciaron que «la prometida rentabilidad razonable» del 7,5% se queda muy por debajo de ese porcentaje al aplicar impuestos. Al final, dependerá de unos estándares que discrecionalmente, antes de tres meses, debe fijar el Gobierno.

Cálculos del Ejecutivo han fijado en 1.300 millones la reducción de ingresos que experimentará el sector. «Un ajuste de esta magnitud -acusaron- sumado a los ya sufridos que en algunos casos ascienden al 40%, llevará a la quiebra a numerosas instalaciones, porque no podrán devolver los créditos que les financiaron». El Gobierno ha abierto una puerta al cierre de industrias renovables. Si la retribución alcanza cifras elevadas, su clausura se podrá compensar con incentivos, establece el real decreto. Ningún subsector de actividad se ha tomado en serio esta opción por ahora.