«Se han exagerado las posibles consecuencias de mi decisión»

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de la cartera de Competencia, Joaquín Almunia, sostiene que sólo ha cumplido con su «responsabilidad» al decretar la incompatibilidad de las ayudas a los astilleros con el marco europeo, y defiende que ahora corresponde a la Hacienda española establecer la cuantía a devolver por cada uno de los inversores. En cualquier caso, tacha de «totalmente erróneos» los cálculos que acercan la suma final a los 2.800 millones de euros, y culpa a los últimos gobiernos de no impedir esta situación habiendo notificado en su día ese programa de desgravaciones.

-Tras la decisión adoptada ayer, se habla de condena a muerte al sector naval español.

-Es una decisión que aplica las normas de ayudas de Estado y declara no compatibles las ayudas fiscales a los inversores. Por tanto, excluye taxativamente y con toda claridad a los astilleros, a la industria auxiliar y a los armadores. Otra cosa es cómo va a reaccionar el sector naval ante inversores que por tener que devolver una ayuda que recibieron indebidamente no quieran seguir invirtiendo. Pero hay mucha gente que seguro que sí está dispuesta a participar en el marco del nuevo esquema 'tax lease', que fue negociado con el Gobierno español, ya publicado en el BOE y validado por una decisión de la Comisión de noviembre del año pasado.

-¿A qué obedecen los cambios desde el primer borrador hasta la última versión definitiva?

-Ha habido dos cambios fundamentales en los últimos 15 días. Uno, que los armadores pueden ser claramente declarados exentos, ya que no recibieron nunca una ayuda fiscal. Y dos, que la obligación de recuperar las ayudas empieza desde abril de 2007 y no desde abril de 2005, porque la CE ha encontrado jurisprudencia de que la seguridad jurídica empieza desde el momento en que se publica una decisión comunitaria en el Diario Oficial.

-¿Entonces no ha habido una motivación política para ello?

-Todo el control de las ayudas de Estado se rige por criterios jurídicos.

-¿Por qué se tardó entonces tanto en abrir expediente a España?

-El proceso se podría haber acelerado desde 2002 si se hubiese notificado el antiguo sistema de 'tax lease', pero nunca se hizo. Incluso en alguna ocasión, ese mismo año, la CE requirió a las autoridades españolas si existía algún programa y se nos respondió que no. Tras la decisión sobre Francia, en 2006, la CE recibío algunas denuncias, pero no aportaban la información necesaria para abrir una investigación. Entonces desde Bruselas se dirigieron a las autoridades españolas, pero ni la Dirección General de Competencia ni lade Transportes recibieron información suficiente. Solo a raíz de la denuncia formal de siete asociaciones de constructores navales de otros tantos Estados, ya a mediados de 2010, tuvimos una visión completa de un sistema que, insisto, ni siquiera entonces fue notificado.

-Se ha hablado de que las devoluciones pueden llegar casi a 3.000 millones de euros. ¿Con cuánto dinero se darían por satisfechos?

-La CE no expresa satisfacción ni insatisfacción con ninguna cifra, puesto que corresponde al Ministerio de Hacienda español determinar cuánta ayuda incompatible ha recibido cada uno de los inversores. Nosotros lo que haremos es seguir velando por que nuestra decisión se lleve a la práctica.

-Pero... ¿La cantidad final se acerca a esos montantes?

-Cuando me han contado a través de qué operaciones alguien ha llegado a esas cifras de 2.000 o 3.000 millones, inmediatamente me he dado cuenta de que son cálculos totalmente erróneos. También es curioso ver cómo a medida que he ido cambiando el proyecto de decisión, la cifra se mantenía constante e incluso a veces aumentaba.

«Esas son las reglas de juego»

-Es difícil de entender que la CE no haya barajado cifras cuando de ellas dependen tantos empleos.

-Quienes tienen la obligación de cuantificar las ayudas tienen que ejercer su responsabilidad y son únicamente ellos los que, en cooperación con las autoridades europeas, deben apoyar al sector naval con todas aquellas medidas que sean necesarias, eso sí, siempre que sean compatibles con el marco europeo. Hay muchísimas decisiones en materia de ayuda de Estado que no cuantifican la ayuda. Simplemente establecen por qué hay que devolver un apoyo no compatible, quién es el encargado de hacerlo y en base a qué criterios se debe estimar la cantidad a reintegrar.

-Entonces, ¿no ha tenido la CE en cuenta la cantidad de puestos de trabajo que se pueden perder?

-La disciplina de ayudas de Estado se concentra en ver si cada una es compatible o no con una determinada legislación. Y es esa ley, la cual tenemos la obligación de aplicar, la que tiene en cuenta todo esos aspectos. Nosotros, obviamente, siendo una autoridad europea tenemos en cuenta esos aspectos desde una perspectiva europea.

-¿Puede garantizar que los inversores no van a reclamar una compensación a los astilleros?

-Lo que puedo decirle es que nuestra decisión es muy clara y tajante. La obligación de devolución de ayudas está dirigida a los inversores, y no se puede traspasar a ninguna otra persona jurídica, sean astilleros o sean navieros.

-¿Se está dramatizando todo?

-Tengo la sensación de que se han exagerado hasta límites más allá de lo imaginable las posibles consecuencias de esta decisión. Una vez que la hemos tomado, ese tipo de exageraciones deben cesar inmediatamente. Creo que todos tenemos la responsabilidad, cada uno en nuestro ámbito, de ponernos manos a la obra para evitar que ninguna de esas previsiones tenga nada que ver con la realidad de un sector que ha demostrado que es capaz de reestructurarse, innovar, vender, ser competitivo y crear empleo.

-Da la sensación de que la CE le está pasando al Gobierno español la patata caliente de decidir qué inversores devuelven las ayudas, cómo, cuándo y qué cantidades.

-Cuando la CE declara una ayuda total o parcialmente incompatible con la normativa, se establecen las razones de esa decisión y se declaran los criterios generales para la devolución. Aquellos que tienen la información, los instrumentos y la responsabilidad de recuperar una ayuda son precisamente los que la dieron indebidamente. Esas son las reglas del juego.

-¿Y si el Gobierno decide que ningún inversor tiene que devolver las ayudas?

-Estamos en un Estado de Derecho y las autoridades públicas tenemos que cumplir la ley. No hacerlo de forma voluntaria tiene un nombre y no lo quiero pronunciar.

-Este asunto ha puesto al sector naval en pie de guerra contra su departamento. ¿Le resulta difícil siendo usted de Bilbao?

-No es nada agradable ese tipo de personalización, y a veces de culpabilización de alguien, por el simple hecho de que ejerza sus competencias como comisario europeo. Pero como no es la primera vez que tomo decisiones que no reciben inmediatamente el aplauso de mucha gente, confío en que dentro de cinco años todos aquellos que han pintado un panorama dantesco, y que han augurado todo tipo de males por la adopción de esta decisión, se tengan que comer sus palabras.

-¿Incluido el Gobierno?

-Todos.