Tierra sin mar

Si los océanos del mundo se replegasen como ocurrió con las aguas del Mar Rojo, en Cádiz se seguirían construyendo barcos. O mejor dicho se pretendería hacerlo. La mera presencia de un ‘puente’ y de una ‘factoría’, han hecho posible lo imposible. Desde la década de los setenta del siglo pasado, con la primera gran crisis del petróleo, la situación de los astilleros españoles ha ido siempre a peor.

España ha sufrido cinco importantes ajustes en el sector desde entonces, las de los años 1980, 1984, 1995, 2000 y finalmente en la época de ZP, donde se optó por invertir la estrategia seguida en la etapa de Aznar. En ésta se apostó por la integración de los grandes astilleros públicos creándose la empresa Izar, de naturaleza prácticamente militar. Ahora se había optado por la segregación como salvavidas. Esta doble vía ha supuesto la aplicación de regímenes diferenciados. Están por un lado los de naturaleza civil en lo que a la construcción se refiere, que tienen una estructura de capital de naturaleza privada y son éstos los afectados por el sistema de financiación de buques a través de la ‘tax lease’. Por el otro, están los de carácter público, centrados en la construcción de buques militares en al menos el 80% de sus construcciones. Este grupo no depende de ese sistema de financiación, pero sí tienen que acreditar su eficacia y eficiencia en la gestión de su negocio. Y eso no lo están haciendo. Me remito al dictamen del Tribunal de Cuentas.

En fin, que todo pinta mal para un sector de la máxima importancia para nuestro país. Pero el problema ahora tiene su origen en Europa, que deberá preguntarse de una vez para siempre si está interesada en que en su territorio se construyan barcos. Europa necesita con suma urgencia una unión financiera y fiscal. Urge una drástica e importante devaluación del euro que facilite el tránsito de los países del sur en sus devaluaciones internas, para que la generación de riqueza sea posible en el corto espacio de tiempo y que todo ello redunde en la creación de empleo. Y para que eso sea posible, considerando que la modificación del modelo productivo sólo es factible con un horizonte de al menos dos generaciones, la construcción naval es una parte importante de la industria de los territorios del sur de Europa. Si se mantiene el sector agrario con importantes ayudas que evitan de esa forma el declive del campo y el de los pueblos que dependen de él, la persistencia del naval debiera ser algo más que una cuestión de Estado, pasando a ser una cuestión de la propia Unión Europea.

El problema de la financiación de la construcción naval, es una cuestión que excede del puntual problema de la ‘tax lease’. Es el de querer o no seguir construyendo barcos en nuestro territorio. Para caso español en concreto es una auténtica necesidad vital y de mera supervivencia del sector industrial. Habrá que crear las condiciones mínimas necesarias de naturaleza fiscal, financiera y crediticia que lo hagan posible, para que nunca más se pongan en entredicho cuestiones como la seguridad jurídica, la confianza legítima o la buena fe de los agentes intervinientes en la llamada estructura de la ‘tax lease’, porque son ellos los que inician el proceso de la construcción de un buque, a través de su encargo en forma de proyecto.