Imputados

La vida política se ha llenado en los últimos años de cargos públicos sobre los que pesa la imputación de un delito o de una acción. La apropiación, el soborno, el cohecho y el pelotazo a cuenta del erario público se han convertido en un deporte nacional donde tenemos auténticos plusmarquistas en sus respectivas modalidades que, de competir en una olimpiada de la estafa, nuestros representantes acapararían el medallero. Se trata de esa sombra de sospecha que ahora crece de manera incontrolada entre quienes se encargan de gestionar lo público. Es la corrupción de las instituciones en su estado puro. El término imputado forma parte de esa jerga judicial que tiene una carga letal para quienes son merecedores de su consideración. La salud democrática, desde luego, pasa por sanear de manera permanente las instituciones y por practicar a diario la prueba del algodón a sus responsables. Por ello, es lógico, más bien una obligación, que quienes tengan el triste honor de cargar con este sambenito cesen durante un tiempo en sus funciones hasta que la Justicia despeje todas las dudas. No pasa nada. Al contrario, sería beneficioso para el sistema y, al mismo tiempo, fortalecería su credibilidad. El juez aplica esta condición en función de la documentación que se aporta durante una investigación, por tanto, no es un capricho del magistrado de turno acusar de antemano.

El circo político está ahora plagado de imputados que prefieren mirar hacia otro lado antes de abandonar el cargo. La provincia de Cádiz no es ajena a este debate. Si Barcenas ocupa el protagonismo nacional y el caso de los ERE falsos domina el ámbito regional, aquí nuestro particular caso de corrupción lo encontramos en el fraude de las ayudas a la reindustrialización, es decir, el denominado caso Plan Bahía Competitiva. La titular del Juzgado Número 4 de Cádiz tiene esta semana una jornada extra, ya que están citados a declarar cuatro personajes de peso en este entramado, que tenía como epicentro la Diputación Provincial durante su etapa de gobierno socialista. La juez ha llamado en calidad de imputada a la exdiputada y exresponsable del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT), María José Valencia. La juez quiere saber cuál era el criterio que utilizaba para evaluar a los perceptores de estas ayudas. Valencia era concejal del PSOE delAyuntamiento de Sanlúcar y fue su alcaldesa, Irene García, quien la cesó de forma fulminante tras su imputación, sin embargo, la decisión de la regidora no obedece, lamentablemente, a un proceso de saneamiento sino a una venganza política. El PP se pregunta por qué la Junta no cesa también a la actual gerente de la Agencia IDEA, Rosa Mellado, también imputada en el caso. No parece razonable que la encargada de gestionar las ayudas se encuentre inmersa en un proceso judicial, que tiene como objetivo averiguar dónde han ido a parar 21 millones de euros obtenidos por unas 50 empresas pantalla que solicitaban las ayudas con la excusa de la reindustrialización.