LAS SIETE VIDAS DE RAJOY

Quién piense que Bárcenas puede hacer caer a este Gobierno es que no conoce a Mariano Rajoy, el presidente es una roca, tiene más vidas políticas que un gato». La respuesta de un miembro del Ejecutivo resume la convicción total de los ministros y del PP en la capacidad de su líder para salvar situaciones límites. Sin mucho esfuerzo, el interlocutor recita algunos de estos precipicios políticos que Rajoy salvó in extremis: las derrotas electorales de 2004 y 2008; las semanas previas al congreso nacional del PP de Valencia del año 2008, en el que un sector crítico encabezado por Esperanza Aguirre amagó con disputarle el liderazgo; el estallido del 'caso Gürtel', que investiga una trama corrupta que habría amañado concursos públicos en administraciones gobernadas por el PP a cambio de comisiones ilegales; sus públicos apoyos a los expresidentes de Baleares, Jaume Matas, y de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, a los que después tuvo que empujar a la dimisión por sus imputaciones -y en el caso de Matas, condena- en casos de corrupción o, más recientemente, sus severos recortes en los pilares del estado del bienestar o la subida de impuestos, en contra de lo prometido en campaña electoral. «Yo ya he tenido bastante fuego amigo», suele comentar el presidente del Gobierno cuando se le saca a colación cualquiera de estos temas.

Más allá del universo popular, pocos apuestan porque Rajoy pueda salir indemne en esta ocasión. Alfredo Pérez Rubalcaba advirtió en febrero de que el líder del PP «había ligado su suerte a la del señor Bárcenas». El secretario general del PSOE sigue pensando lo mismo, con el agravante de los silencios de Rajoy. «Quien calla, otorga», apostilló el jueves en el Congreso en alusión a la falta de respuesta del jefe del Ejecutivo ante las acusaciones de financiación ilegal que habría hecho el extesorero del partido.

Tras el mutismo de Rajoy se esconde una convicción. El presidente del Gobierno entiende que no puede, ni quiere, hacerle el juego a Bárcenas. Los puentes que tendió la dirección del PP para alcanzar un pactos de caballeros con Bárcenas quedaron volatilizados tras su despido el 30 de enero de un trabajo inexistente en el partido, pero muy bien remunerado, más de 20.000 euros mensuales, y, sobre todo, con el ingreso en prisión del extesorero. «Ni un paso atrás», reclama una destacada miembro del Ejecutivo. «Nosotros -añade- a nuestras reformas estructurales y a intentar a sacar a España de la crisis, que es lo que interesa a los ciudadanos».

Rajoy, de hecho, no piensa cambiar ni un ápice su agenda. Mañana, mientras Bárcenas tira de la manta y confirma el pago de sueldos opacos y la financiación ilegal del PP, como auguran sus allegados; o se retracta, como apuntan desde ciertos sectores del partido; o se calla, el presidente del Gobierno recibirá en la Moncloa al primer ministro de Polonia, Donald Tusk, con el que compartirá conferencia de prensa a primera hora de la tarde. Para entonces ya se conocerán los pormenores de la declaración del extesorero. Pase lo que pase, en la Moncloa califican de ciencia ficción un adelanto electoral y mucho más increíble una dimisión. «Rajoy cuenta con una estabilidad parlamentaria más que suficiente para acabar la legislatura y muchas ganas de trabajar para sacar a España de la crisis», zanja un colaborador cercano suyo.

Pero más allá de la puesta en escena oficial, lo cierto es que Bárcenas se ha clavado como una espina en el día a día tanto del Gobierno como del PP. El partido ha caído en una especie de esquizofrenia interna a causa de los afectos y odios que inspira la figura de Bárcenas. La vieja y la nueva guardia del PP enfrentada entre los que piden más dureza contra el extesorero, «caiga quien caiga», y los que avisan de que es muy difícil borrar las huellas de una persona que ha ocupado durante casi 30 años un despacho clave en la organización situado apenas una planta más abajo que el del presidente del partido.

Unas posiciones encontradas con nombres y apellidos. Por un lado está María Dolores de Cospedal, la única dirigente que ha presentado una demanda por injurias Bárcenas, y el portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, que grita a los cuatro vientos que Bárcenas, la misma persona que firmaba las nóminas de los 200 trabajadores del PP hace tan sólo tres años, es un «delincuente».

En la otra esquina, dirigentes que ya peinan canas como Javier Arenas. Según contó el periodista Pedro J. Ramírez, tras una conversación de cuatro horas con el innombrable para Rajoy, Arenas hizo las veces de interlocutor entre el extesorero y el presidente cuando fue imputado en el 'caso Gürtel' y cuando se publicaron los papeles de Bárcenas.

Pero no solo hay que poner el punto de mira en el senador andaluz. El propio José María Aznar, que consta en la supuesta contabilidad b del PP como receptor de diversas cantidades, tan solo ha iniciado acciones legales contra el diario El País, ninguna contra Bárcenas.

Existe un hecho insoslayable a la hora de analizar las fricciones entre los altos cargos populares anteriores al movido congreso de Valencia de 2008 y los que accedieron al poder en el partido a partir de ese momento, el principal nexo de unión entre estos dos mundos es, precisamente, Rajoy.

Tanto a unos como otros, les pesa una pregunta. ¿Qué as guarda Bárcenas bajo la manga para insinuar que si habla ante el juez puede hacer caer al Gobierno? ¿Pruebas de las donaciones anónimas o públicas de empresarios al partido a cambio de un trato ventajoso en concesiones públicas? ¿Recibís con la firma de los máximos dirigentes del PP tras recibir pagos en metálico y en 'b'? ¿El relato de décadas de financiación ilegal? ¿Grabaciones?

Calma aparente

Rajoy aguarda la declaración «sereno y trabajando», según otro de sus ministros. La aparente tranquilidad que se respira en la Moncloa obedece, además de a una fe ciega en su líder, a una interpretación jurídica, los papeles de Bárcenas pueden tener trascendencia social y política, pero no judicial.

Desde el Ejecutivo niegan con contundencia la mayor acusación, Rajoy jamás cobró o repartió dinero negro. Pero en el hipotético caso de que se demostrase que el presidente percibió alguna «cantidad legal» del partido en concepto de gastos de representación, estas mismas fuentes señalan que «no habría incumplido» con la Ley de Incompatibilidades de 1996.

Alegan que esta norma no prohibía explícitamente el cobro de dietas. Su artículo 2.1 detalla que «los altos cargos (Rajoy era entonces ministro de Administraciones Públicas, después de Educación y más tarde de Interior y vicepresidente primero), tampoco podrán percibir cualquier otra remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas o entidades vinculadas dependientes de las mismas, ni cualquier otra percepción que directa o indirectamente provenga de una actividad privada».